El Congreso ha aprobado el pacto fiscal europeo, con el apoyo del PP, PSOE, CiU, PNV, UPyD y UPN , que recoge, entre otros puntos, la obligación a los países de la UE de cumplir con la denominada «regla de oro» destinada a limitar el déficit estructural anual al 0,5 % del PIB.
El apoyo del PSOE se ha fraguado minutos antes de la votación tras acordar con el PP la presentación de una proposición no de ley que se debatirá el martes y que incluye las peticiones de los socialistas sobre crecimiento, aspecto que consideran que no está recogido en el pacto.
Ya durante la defensa del Tratado en el pleno, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, había pedido el apoyo del PSOE al Tratado para no dar una imagen de división que supondría un flaco favor para la economía española y lanzaría un mensaje débil y erróneo a la UE.
El Tratado señala que los países pueden solicitar sanciones financieras directamente al Tribunal de Justicia de la UE para países que no trasladen el techo de gasto correctamente a su normativa.
Las multas podrán ascender, en última instancia y como máximo, al 0,1 % del PIB y los fondos que se recauden se ingresarán en el Mecanismo Europeo de Estabilidad o fondo permanente (MEDE) o en el presupuesto de la UE.
El pacto vincula a partir del 1 de marzo de 2013 la concesión de rescates a países a la ratificación del pacto fiscal.
En el turno de réplica a los grupos, Margallo ha admitido que si no se produce crecimiento económico los esfuerzos actuales serán inútiles, si bien ha resaltado que la austeridad marcada servirá «para pagar pensiones o para tener un colchón económico en época de vacas flacas».
El ministro ha señalado que sin disciplina presupuestaria no habrá creación de empleo y ha añadido que no se puede avanzar en una integridad europea sin renunciar a parcelas de soberanía nacional.
El diputado del PSOE Javier Moscoso ha pedido un mensaje claro a favor del crecimiento, «porque ahora mismo es lo más urgente».
El portavoz de CiU, Jordi Xuclá, ha lamentado la ausencia en el debate del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y se ha mostrado partidario de combinar la austeridad con el crecimiento.
El diputado del PNV Josu Erkoreka ha recordado el apoyo tradicional de su grupo a los asuntos relacionados con la construcción europea y ha subrayado que ratificar el Tratado no supone renunciar a otros planes para favorecer el crecimiento.
El portavoz de UPyD Álvaro Anchuelo ha dicho que los criterios de solvencia del Tratado debería haberlos plasmado España anteriormente para haber evitado la crisis de la deuda pública.
Desde La Izquierda Plural, José Luis Centella, ha justificado su enmienda a la totalidad al pacto por basarse en instrumentos que han llevado a la crisis y que obliga a más sacrificios a los que nada han tenido que ver con ella.
Dentro del grupo Mixto, Francisco Jorquera, del BNG, que ha presentado una enmienda a la totalidad, ha indicado que la austeridad es el eufemismo que se utiliza para llevar a cabo recortes económicos y sociales y desmantelar el estado de bienestar, mientras que Rafael Larreina, de Amaiur, ha indicado que el
Tratado no devolverá la calma a los mercados.
Por parte de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha criticado la «sacralización» del déficit, y Joan Baldoví, de Compromís, se ha mostrado en contra de que no se consulte el pacto a los ciudadanos.
Carlos Salvador, de UPN, ha incidido en que si se hubiera gastado menos no se hubiera llegado a esta situación.
Según el Tratado, sólo los gobiernos con una deuda sustancialmente inferior al 60 % del PIB podrán alcanzar un déficit estructural de hasta el 1,0 % del PIB.
Los países con una deuda superior al 60 % deberán reducirla en una veinteava parte al año y la existencia de un déficit excesivo por la violación de ese criterio tendrá también consecuencias.