Holanda y Finlandia intentarán bloquear el acuerdo de la UE para que el mEcanismo Europeo de Estabilidad pueda adquirir deuda soberana de España e Italia en los mercados secundarios.
La zona euro pactó la semana pasada adoptar medidas para proteger la unión monetaria y rebajar los costes de financiación para España e Italia, aunque sin precisar los detalles de cómo se emplearían los recursos del actual fondo de rescate (FEEF) y del Mede.
Esta decisión de adquirir bonos de ambos países, para que sea aprobada, necesita la unanimidad en los votos de los miembros, cosa improbable ya que Holanda y Finlandia han anunciado su desacuerdo.
El portavoz de Asuntos Económicos, Simon O’Connor, se ha limitado a explicar que la decisión de activar la compra de deuda debe adoptarse por unanimidad de los países del euro, excepto en los casos en que sea necesario actuar «de forma urgente para salvaguardar la estabilidad de la eurozona».
Imposibilidad de bloqueo
Finlandia y Países Bajos no podrán bloquear la compra de bonos de España e Italia por parte del fondo de rescate si la Comisión y el Banco Central Europeo dictaminan que se trata de una situación de urgencia porque sólo suman el 7,5% de los votos, muy lejos del 15% que exige la minoría de veto.
Las reglas del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE) fijan que, con carácter general, las decisiones para activarlo deben tomarse por unanimidad de los miembros participantes en la votación.
No obstante, «se utilizará un procedimiento de votación de urgencia cuando la Comisión y el BCE concluyan que la no adopción de forma urgente de una decisión para conceder o aplicar una asistencia financiera (…) amenazaría la sostenibilidad económica y financiera de la zona del euro».
En este caso, la decisión de activar el fondo de rescate «requerirá una mayoría cualificada del 85% de los votos expresados», con lo que Finlandia y Países Bajos no alcanzan el umbral de minoría de bloqueo.
Cuando se utilice el procedimiento de urgencia, se debe efectuar una transferencia del fondo de reserva y/o del capital desembolsado a un fondo de reserva de urgencia para constituir un amortiguador destinado a cubrir los riesgos que surjan de este apoyo financiero, señala el Tratado.