Miércoles de confesiones en el Congreso de los Diputados. Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no le gusta subir impuestos ni recortar más el presupuesto, pero Bruselas le obliga. Ya no son sólo recomendaciones, Rajoy ha reconocido por primera vez que también son «obligaciones» impuestas desde la Unión Europea. No hay más opciones, y en este contexto, el líder del Ejecutivo ha decidido quitarse la tirita de un tirón. ¿Por qué esperar hasta el viernes para anunciar lo que ya era evidente? Cristóbal Montoro ya había adelantado la subida del IVA; y Luis de Guindos ya había reconocido que la inminente ayuda de 30.000 millones que recibiremos del Eurogrupo para recapitalizar la banca exigiría condicionalidades. Simplemente era un secreto incómodo, que sólo estaba generando tensión y más desconfianza en los mercados y entre los ciudadanos.
Bajo esta premisa, el presidente ha decidido adelantar lo «gordo» -tal y como lo califican fuentes gubernamentales- y explicar en el Parlamento español los «esfuerzos adicionales» que el Gobierno tiene previsto acometer para «salir del atolladero en el que nos encontramos» y hacerlo «ya»: reestructurar la administración local y cuyo ahorro se cifran en 3.500 millones de euros, reducir en 600 millones el gasto de los ministerios y subir el IVA general del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%. El presidente ha reconocido no gustarle, pero también no tener más remedio. «Estamos viviendo un momento crucial que determinará nuestro futuro, el de nuestras familias, el de nuestro jóvenes, el de nuestro bienestar y el de todas nuestras esperanzas», ha alertado Rajoy, consciente de estar tomando medidas que siempre criticó a sus antecesores.
El líder del Ejecutivo ha comparecido en el Congreso a petición propia para explicar las conclusiones del último Consejo Europeo que se celebró el pasado 28 y 29 de junio en Bruselas, advertir de las dificultades por las que atraviesa la eurozona y de paso anunciar los próximos «ajustes» que el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes, y que por primera vez desde que Rajoy llegara al poder presidirá el Rey en la Zarzuela. Un reunión especial por el contenido y efecto de las medidas previstas adoptar, pero también «necesaria» para seguir avanzando con «firmeza por un camino que no es fácil, ni corto, ni agradable, pero que no podemos eludir, porque es el único que conduce a la recuperación y es el que tenemos la obligación de seguir». O así al menos lo cree el líder del Ejecutivo, para cuya misión ha pedido la colaboración de «todos»: comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, empresarios, trabajadores, e incluso los medios de comunicación.
El discurso ha durado una hora y quince minutos. Al principio parecía que se resistía a dar titulares, pero al final lo ha hecho. Ha sido en un ambiente de crispación y disconformidad protagonizado por la oposición parlamentaria, aunque ahí estaba la bancada ‘popular’ para apoyarle y animarle con efusivos aplausos. El panorama no puede ser más desolador: recortar 65.000 millones más en dos años y medio. Ante esta situación -según Rajoy, heredada de los «excesos» y de los «errores» del pasado-, las solución no puede ser otra que volver a utilizar la tijera.
Los 4 grandes damnificados: ayuntamientos, funcionarios, desempleados y consumidores
La primera de las medidas anunciadas ha sido la que atañe a la administración local. Según Rajoy, se delimitará las competencias de los ayuntamientos y se eliminarán duplicidades «y hasta triplicidades» de estas administraciones. El objetivo es que los ayuntamientos no puedan prestar servicios para los que no cuenta con la finalización necesaria y así reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales. También se llevará a cabo un «mejor control» de las cuentas públicas locales y por ello se fortalecerá el papel del Interventor. Y además se reducirá un 30% el número de concejales por tramos de población. Con esta iniciativa el Gobierno pretende ahorrar 3.500 millones de euros.
Los funcionarios tampoco salen muy bien parados. Rajoy ha avanzado que suspenderá la segunda paga extraordinaria de los funcionarios y empleados públicos, al tiempo que reducirá los ‘moscosos’ y ajustará el número de liberados sindicales a lo «estrictamente dispuesto en la ley». Según ha explicado el presidente, más allá de la no reposición de efectivos salvo en sectores concretos estipulada ya en los presupuestos de este ejercicio, el Gobierno suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria para todos los altos cargos de la Administración central, autonómica y local. Además, ha pedido que este esfuerzo sea «compartido» por diputados y senadores.
En el capítulo de ingresos, el Gobierno ha anunciado la subida del IVA. En concreto, el Consejo de Ministros aprobará este viernes subir el tipo general del IVA tres puntos, hasta el 21% y el tipo reducido dos puntos (del 8% al 10%), aunque mantendrá el tipo superreducido, el que grava los productos de primera necesidad, en el 4%. Además, Rajoy también ha dicho que bajará las cotizaciones un punto en 2013 y otro adicional en 2014, al tiempo que eliminará la desgravación por vivienda a partir de 2013. Según Reuters, esta subida empezará a aplicarse el 1 de agosto. Para las compras ya realizadas, pero que aún no se han pagado, será la fecha de emisión de la factura la que fije si se ve afectada por el aumento del impuesto.
En cuanto a los nuevos desempleados también va a haber novedades. El presidente del Gobierno ha anunciado que la cuantía de las prestaciones por desempleo se reducirá a partir del sexto mes para los nuevos perceptores, al reducirse del 60% al 50% la base reguladora con la que se calculan estas prestaciones. Actualmente, durante los primeros seis meses, la prestación por desempleo equivale al 70% de la base reguladora, es decir, al 70% del último salario percibido, mientras que a partir del sexto mes se cobra el 60%. Lo que el Gobierno ha anunciado es que ese 60% pasará al 50% para los nuevos parados, con lo que verán reducida la cuantía de la prestación. El objetivo, ha dicho Rajoy, es «animar la búsqueda activa de trabajo» de los nuevos receptores del paro.
Tal y como ha insistido el presidente del Gobierno, el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas es ineludible. «Nuestros socios europeos esperan de nosotros la máxima responsabilidad, disciplina y diligencia», ha dicho Rajoy, no sin antes advertir de que reducir el déficit público no sólo es «una regla esencial para el funcionamiento de la Unión Monetaria», sino también una medida «necesaria» para no poner en riesgo la prestación de los serviciós públicos. Por este motivo, y según han confirmado fuentes del Gobierno, estas medidas entrarán en vigor inmediatamente.
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Elsa S. Vejo