El banco británico Standard Chartered ha rechazado «firmemente» las acusaciones vertidas por el Departamento de Servicios de Finanzas (DSF) del estado de Nueva York de llevar a cabo alrededor de 60.000 operaciones, por un importe de al menos 250.000 millones de dólares (201.441 millones de euros), en colaboración con el Gobierno de Irán, y ha subrayado que más del 99,9 por ciento de las transacciones relacionadas con Irán cumplieron con las regulaciones y que el valor de las transacciones que no lo hicieron es inferior a los 14 millones de dólares (alrededor de 11,3 millones de euros).
«Standard Chartered informó previamente de que está llevando a cabo una revisión de su cumplimiento histórico –de las sanciones impuestas por Estados Unidos– y de que está debatiendo esa revisión con varias agencias estadounidenses, entre ellas el DSF, la Reserva Federal de Nueva York y la Fiscalía de la localidad», ha manifestado la entidad bancaria a través de un comunicado oficial.
«En enero de 2010, Standard Chartered acudió voluntariamente a las principales agencias estadounidenses y les informó del inicio de la revisión de las transacciones históricas en dólares y de su ajuste a las sanciones impuestas por Estados Unidos», ha agregado.
«Esta revisión se centró principalmente en las transacciones relacionadas con Irán en el periodo entre 2001 y 2007 y, en particular, su cumplimiento del marco establecido por las autoridades estadounidenses para permitir el comercio en dólares con Irán por parte de otros países», ha subrayado.
Por ello, Standard Chartered ha apuntado que «no considera que la orden emitida por el DSF presente una visión total y exacta de los hechos». «El análisis, que Standard Chartered compartió con todas las agencias estadounidenses, muestra que, durante ese periodo, la entidad cumplió de forma abrumadora con las sanciones», ha especificado.
Así, la entidad ha estimado que la interpretación realizada por el DSF «es incorrecto desde un punto de vista legal», al tiempo que ha recalcado que en la revisión de los pagos relativos a Irán «no se identificó ninguno en nombre de ninguna parte designada en ese momento como una organización o entidad terrorista por parte del Gobierno estadounidense».
En este sentido, ha recordado que Standard Chartered detuvo todos los negocios que mantenía con clientes iraníes en cualquier tipo de moneda «hace más de cinco años». «La entidad se toma sus responsabilidades muy en serio y pretende cumplir siempre con todas las leyes y regulaciones relevantes. Con ese objetivo iniciamos la revisión y la comunicamos a las agencias estadounidense», ha añadido.
Por último, Standard Chartered ha mostrado su «sorpresa» al recibir la orden del DSF, ya que «las conversaciones con las agencias estadounidenses están sobre la marcha y la resolución de este tipo de asuntos se lleva a cabo normalmente a través de un acercamiento coordinado por parte de estas agencias».
Acusación de DSF
Este lunes, el Departamento de Servicios de Finanzas del estado de Nueva York ha afirmado a través de un comunicado que «las acciones de Standard Chartered dejaron al sistema financiero de Estados Unidos vulnerable a los terroristas, traficantes de armas, capos de la droga y regímenes corruptos, y privaron a los investigadores policiales de información crucial para realizar un seguimiento de todo tipo de actividad delictiva».
El Departamento ha explicado que la entidad llevó a cabo conductas negligentes «engañosas y fraudulentas» durante casi diez años al mover al menos 250.000 millones de dólares a través de su sucursal en Nueva York en nombre de instituciones financieras iraníes sujetas a sanciones económicas en Estados Unidos y luego ocultarlas.
Así, ha añadido que Standard Chartered ganó «cientos de miles de millones de dólares en comisiones» e informa de que entre las entidades iraníes implicadas en estas operaciones está el Banco Central de Irán (Markazi), así como Bank Saderat y Bank Melli, que también son propiedad del estado iraní.
Como consecuencia de estas acciones, el Departamento de Servicios Financieros ha advertido al banco británico de que podría perder su licencia para operar en Nueva York y ha instado a la entidad bancaria a que dé explicaciones sobre las presuntas violaciones y demuestre por qué su licencia no debe ser revocada.
Asimismo, ha instado a Standard Chartered a que se someta y pague un proceso de vigilancia independiente del departamento implicado para garantizar el cumplimiento de las normas que rigen las transferencias internacionales de fondos.