El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha asegurado que el Banco de España controlará «la futura participación de los bancos españoles en el sector inmobiliario».
«Disociar el sector financiero del sector inmobiliario es uno de los objetivos fundamentales del Memorando de Entendimiento (MoU) mediante una estrategia de separación de activos deteriorados de los balances de los bancos», ha explicado el comisario finlandés en una respuesta parlamentaria al eurodiputado catalán Raúl Romeva.
Romeva ha denunciado que «la vinculación entre el sector financiero y el inmobiliario es la causa principal de la crisis española» y ha increpado al Ejecutivo comunitario para conocer si piensa presentar alguna propuesta para cambiar «el marco legislativo español para acabar con este círculo vicioso».
«Corresponde al supervisor, es decir, al Banco de España, controlar la futura participación de los bancos españoles en el sector inmobiliario», ha confirmado el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario en su respuesta.
El eurodiputado catalán también critica que el Memorando de Entendimiento que fija las condiciones del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros aprobado por el Eurogrupo el pasado 20 de julio para apoyar las necesidades de recapitalización de las entidades españolas afectará a ahorradores.
Romeva alega que el MoU impone «quitas en pasivos subordinados para asumir pérdidas, lo que afectará a los ahorradores estafados con el negocio de las participaciones preferentes» e insta al Ejecutivo comunitario a explicar si ve «justo» que las personas estafadas «asuman también las pérdidas de la especulación bancaria».
Romeva lamenta que el memorando «carece de puntos fundamentales, como propuestas sobre el sistema de toma de decisiones para limitar el riesgo, la desvinculación del sector financiero del inmobiliario, la necesidad de un mayor escrutinio e independencia del Banco de España y la necesidad de determinar las responsabilidades de los culpables».
Rehn ha dejado claro en su respuesta que «el reparto de la carga es uno de los principios fundamentales» del memorando con el objetivo de «minimizar el coste de la reestructuración bancaria para los contribuyentes» y que este principio sólo se aplicará a los titulares de capital híbrido y de los de deuda subordinada de «aquellos bancos que requieran ayudas estatales».
Reforzar protección de pequeños inversores
El memorando, ha insistido Rehn, «aboga específicamente por reforzar la protección de los consumidores y la legislación sobre valores para limitar la venta de deuda subordinada a clientes minoristas no cualificados en el futuro».
Además, ha recordado que la propuesta de revisión de la directiva comunitaria que regula los mercados de instrumentos financieros que adoptó la Comisión el 20 de octubre de 2011 ofrece «más protección a inversores», dado que fija «requisitos más rigurosos sobre la gestión de carteras, el asesoramiento en materia de inversión, y sobre la oferta de productos financieros complejos como los productos estructurados, sobre todo a los pequeños inversores».
Romeva también ha criticado que el documento no determine «quién asumirá finalmente las pérdidas de los activos tóxicos» de las entidades que se transferirán a la sociedad de gestión de activos o ‘banco malo’ que España está obligada a crear ni se determina «el control democrático al que estará sometida».
El eurodiputado recuerda que se propone asignarle al ‘banco malo’ 25.000 millones de euros del rescate bancario, una deuda «que será asumida directamente por la ciudadanía española».»¿Por qué no propone una AMC con control democrático que garantice la salubridad bancaria y la no socialización de las pérdidas?», reprocha el eurodiputado.
Detalles del banco malo todavía en discusión
El vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario ha explicado que «los detalles relacionados con el diseño de la sociedad gestora de activos siguen siendo objeto de debate» con el Gobierno español, pero ha insistido en que el memorando «incluye medidas dirigidas a consolidar el marco de supervisión como a aumentar la independencia del Banco de España».
Rehn no avanza si la bancarización definitiva de las cajas de ahorros contribuirá a que las entidades vuelvan a servir a la economía real y a la sociedad como quería saber Romeva, pero deja claro que el memorando «sólo consta de disposiciones encaminadas a consolidar la estructura de gobernanza de las antiguas cajas de ahorros» y sólo «se considera la posible cotización de estos bancos en los casos en que se acojan a ayudas estatales».
Sobre la posible fusión de bancos españoles que requieran capital adicional y puedan captarlo por la vía privada y los que necesiten ayudas públicas, Rehn se limita a precisar que en el caso de los bancos viables que reciban ayudas estatales «cualquier posible fusión deberá cumplir estrictamente las normas de competencia de la UE».