El Gobierno ha recaudado 50,4 millones hasta julio gracias la amnistía fiscal aprobada a finales de marzo, lo que supone solo el 2% de lo que espera recaudar en el conjunto del año, según datos de la Agencia Tributaria.
La amnistía fiscal vio la luz el pasado 30 de marzo y fue creada con una medida «excepcional y extraordinaria» para el año 2012 con el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros y aflorar el capital oculto en España.
La amnistía fija un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012.
Asimismo, implanta otro gravamen especial del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Los contribuyentes pueden presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria, y el plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre.
Así, para cumplir las expectativas fijadas, el Gobierno debería recaudar 2.450 millones en solo cuatro meses, el mismo periodo que lleva vigente la amnistía fiscal.
Muchos son los expertos que han dudado de la efectividad de una medida de este tipo y han cuestionado incluso su legalidad. De hecho, el Partido Socialista presentó en junio un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
El PSOE justificó el recurso por ser una iniciativa que favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados, mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%.
De hecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha) cree que la reducida recaudación de la amnistía se debe a que los asesores están recomendado a sus clientes no acogerse a esta medida hasta que el Constitucional dicte sentencia.
Expectativas frustradas
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha explicado que la admisión a trámite del recurso «ha frustrado» las expectativas de la amnistía porque los que se acojan ahora podrían ser penalizados más adelante si la amnistía se declarara inconstitucional.
Según Mollinedo, la amnistía no arrancó bien en el mes de marzo porque ofrecía poca seguridad jurídica e iba dirigida a ciudadanos de rentas muy altas o a los administradores de grandes compañías.
La orden ministerial que se publicó tiempo después de aprobar la amnistía mejoró la situación al permitir que se declarara dinero en efectivo, ya que, según Mollinedo, hay 50.000 millones en billetes de 500 euros no declarados.
En cualquier caso, el secretario general de Gestha cree que la admisión a trámite del recurso del PSOE dificulta enormemente la posibilidad de que el Gobierno recaude lo previsto.