La reforma financiera aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo pasará este martes su último trámite en la Comisión de Economía del Congreso, que no se prevé que acepte ninguna enmienda, antes de ser enviada al Senado para su aprobación definitiva. La comisión parlamentaria aprobó el pasado jueves la ponencia de la Ley de Saneamiento y Venta de los Activos Inmobiliarios del Sector Financiero, que procede del decreto ley de reforma financiera del pasado mes de mayo.
Esta norma eleva las provisiones de los activos bancarios (incluidos los que actualmente están sanos) y separa la cartera inmobiliaria en agencias independientes en las entidades en las que ha intervenido el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La medida incluye asimismo la elaboración de una auditoría por parte de expertos independientes del conjunto del sector y de cada entidad en particular.
Aceptadas las enmiendas del PP
Tras la inclusión en el texto de las enmiendas del PP y de una enmienda de carácter técnico del PSOE, quedan vivas otras 60 propuestas de los diferentes grupos de la oposición, que previsiblemente serán rechazadas por el PP, que alega que «el 40% de las enmiendas ya están incorporadas a la reforma financiera de agosto, por lo que ya son ley y no se pueden aceptar».
«Se corregirá en el próximo debate y se derogará o cambiará lo que haga falta», aseguraron a Europa Press fuentes ‘populares’, haciendo así referencia a la tramitación como proyecto de ley de la reforma financiera de este verano, que diseña el esqueleto del ‘banco malo’, entre otros asuntos.
Así las cosas, una vez la Comisión de Economía del Congreso dé el visto bueno al proyecto de ley éste pasará directamente al Senado sin necesidad de que sea votada en el Pleno de la Cámara Baja.
Enmiendas de la oposición
Entre las enmiendas de la oposición que aún quedan vivas y serán sometidas a consideración de la Comisión se cuenta la que exige la prohibición de la comercialización de participaciones preferentes en el futuro, así como que los actuales afectados por estos títulos bancarios recuperen la totalidad de su inversión. Los socialistas también piden que se evite la ejecución hipotecaria de estos afectados mientras no se hayan canjeado sus títulos.
En materia de regulación bancaria, el PSOE propone ampliar el plazo de cumplimiento de las nuevas provisiones, acelerar la desconsolidación de activos en las entidades con apoyo público y garantizar que las desinversiones del FROB se realizan en plazos suficientemente amplios como para que no se pierdan recursos públicos.
Limitaciones más estrictas en las retribuciones de los directivos de entidades respaldadas por el FROB, que todos esos bancos y cajas estén obligados a adherirse al Código de Buenas Prácticas Hipotecarias, y ampliar los márgenes para que las familias puedan optar a la reestructuración de la deuda, la quita o la dación en pago son algunas otras ideas planteadas por los socialistas.
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también coincide en la necesidad de que las ayudas a los bancos se dejen sentir entre la ciudadanía, por lo que propone también ideas en línea con la priorización de la dación en pago para entidades con ayudas, o dar utilidad social a las viviendas que no se vendan en el plazo de un año.
Prohibir las participaciones preferentes a futuro y devolver el cien por ciento de la inversión nominal a los actuales afectados se cuentan también entre sus enmiendas, así como garantizar que las entidades con respaldo público no repartan dividendos y garanticen la obra social de las cajas que las componen.
Plan para recuperar el dinero
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) pide en sus enmiendas una estimación «realista» del coste que el rescate bancario tendrá para las arcas públicas, así como un calendario que refleje cómo se recuperarán esos fondos. El parque de vivienda pública en alquiler con los activos transferidos, limitar los intereses moratorios o regular la dación en pago como una opción para los nuevos hipotecados son otras de sus ideas.
La formación magenta también reclama que se despoliticen las cajas de ahorros y que se separe la actividad comercializadora del asesoramiento financiero en las entidades bancarias para que no se repitan casos como el de las preferentes, y mejorar los servicios de protección del consumidor.
Cancelar la subida del IVA
Por su parte, CiU pide rectificar la subida de IVA de algunos sectores, como el material escolar, las peluquerías o las plantas; y también quiere que las comunidades y ayuntamientos puedan gestionar parte de los activos inmobiliarios que se traspasen a los ‘bancos malos’ para dedicarlos a vivienda social en alquiler.
Sueldos más bajos mientras duren las ayudas públicas a los bancos y devolución de las inversiones a los ciudadanos que adquirieran títulos de preferentes en entidades intervenidas son otras de las propuestas incluidas en las enmiendas de los nacionalistas catalanes.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) también propone sueldos más bajos para los responsables bancarios y ampliar el plazo para cumplir con el aprovisionamiento, así como equiparar las exigencias de capital principal de las entidades, independientemente de si tienen o no terceros inversores.
Finalmente, el BNG también exige que las viviendas que pasen a sociedades gestoras se usen para un parque público de alquiler, reducir de tres a un año el periodo para traspasar dichos activos ‘tóxicos’ y eliminar la disposición que difiere hasta doce meses el pago de la remuneración de las preferentes y otros productos.