«Les doy el titular. La regularización no encubre el delito cometido». Así de rotundo se ha manifestado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en su intervención en el Congreso de los Diputados donde ha solicitado a petición propia comparecer en la Comisión de Hacienda de este miércoles. El objetivo: explicar el mecanismo de funcionamiento de la polémica amnistía fiscal. Arma arrojadiza entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el principal partido de la oposición, que hace una semana – cuando explotó el ‘caso Bárcenas’- acusó al titular de Hacienda de haber aprobado este procedimiento con la única intención de favorecer a presuntos defraudadores, entre ellos el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, del que ya se ha podido saber que tenía 22 millones de euros en una de sus cuentas en Suiza, cuya procedencia aún es difusa. Ante tales imputaciones, la guerra en el debate de este miércoles estaba servida.
Tras cinco días de absoluto silencio, el ministro de Hacienda ha llegado al Parlamento Nacional con la artillería bien cargada. Después de escuchar sucesivas peticiones de dimisión y acusaciones como las que los socialistas han vertido, Montoro se ha sentado frente a sus detractores con la única intención de defender su gestión, puesta en cuestión en las últimas horas. La polémica surgía el pasado viernes cuando el abogado de Bárcenas reconocía en una entrevista en Cuatro, que su cliente regularizó 10 de los millones descubiertos gracias a la amnistía fiscal. Un dato que la oposición no tardó en incorporar a su discurso político y que ha sido la piedra angular del duro enfrentamiento que este miércoles han protagonizado ambas fuerzas. «Ruindad», así lo ha calificado Montoro, que ha exigido a los socialistas -después de que estos le preguntaran por los supuestos sobres de dinero B- que dejen de «verter falsedades políticas en la opinión pública». Una advertencia que también ha extendido a la prensa, a la que ha pedido que trate con más «rigor» la información y deje de lado las «campañas sucias» y las «insidias» que desde el viernes persiguen al Partido Popular.
Este es el motivo por el que el ministro ha optado por pronunciar un discurso dividido en dos partes bien identificadas. Una primera, de defensa a ultranza de la medida que él mismo aprobó el pasado año. Y en la que ha asegurado que gracias a su iniciativa se han llegado a aflorar hasta 40.000 millones de euros, equivalentes a 4 puntos del PIB, que ayudarán a sanear las finanzas españolas en el futuro más inmediato. Y una segunda, probablemente la más mediática, en la que ha negado rotundamente que la amnistía fiscal favorezca a los corruptos, puesto que ninguna persona -ni física, ni jurídica- ha podido verse favorecida por este proceso si estaba inmerso en un proceso administrativo o judicial. «Acogerse a la regularización no le serviría a nadie para evitar las consecuencias de estos procesos», ha remachado.
La oposición ha utilizado en reiteradas ocasiones el nombre del extesorero ‘popular’, pero Montoro se ha resistido hasta el último momento. La generalización ha sido la fórmula utilizada por el titular de Hacienda durante toda su intervención, hasta el final, que ha decidio desmarcarse explícitamente del ‘caso Bárcenas’. En sus últimos minutos de intervención, el ministro ha querido dejar claras dos cosas. En primer lugar, que el exsenador no forma parte del PP desde 2009 y que por «algo será». Y en segundo lugar, que debido al «secreto tributario» él no puede dar más datos que aquellos que la semana pasada confirmó la Agencia Tributaria después del anuncio público que hizo el abogado del extesorero. «El nombre de Bárcenas no aparece en la lista», ha aseverado el ministro de Hacienda. Montoro se ha escudado en la ley. Según el titular de Hacienda, el artículo 95 de la ley tributaria le impide dar más información al respecto y ha querido dejar claro que ha sido la actitud de la otra parte -el propio Bárcenas- y la publicidad de sus actuaciones lo que le permite ratificar lo que hoy ya es una obviedad: no hay ninguna «regularización» solicitada a nombre de Luis Bárcenas.
Ahora bien, esto no significa que el extesorero no se haya acogido a la medida. Perfectamente lo podía haber hecho a través de una sociedad o de un testaferro y eso es lo que la oposición en bloque le ha pedido que aclare. Montoro, como no podía ser de otra forma, se ha negado. Él ha insistido en que su intención siempre fue abolir el artículo que impide aclarar este tipo de información, pero que como la norma sigue vigente su actuación no puede ser otra que la que marca la ley. ¿Qué significa esto? Que tras más de 3 horas de debate seguimos sin saber si Luis Bárcenas se acogió a dicho procedimiento de «regularización» o no, de hecho, y según recoge la ley -modificada recientemente-, Hacienda tiene hasta finales de este año para esclarecer si el exsenador ‘popular’ se benefició de esta medida mediante alguna empresa intermediaria. Por lo pronto, lo único que sabemos, y así lo ha explicado el ministro, es que haya sido así o no, el delito permanecerá. «La declaración no borra o limpia delitos», ha advertido Montoro.
Según el ministro, lo importante no es si una persona se acoge o no a la amnistía fiscal, sino la causa por la que esa persona ha ocultado esos bienes y derechos que tenía que haber declarado ante la Hacienda Pública. En este sentido, Montoro ha explicado que la regularización especial se ha diseñado para aflorar rentas que procedan de actividades lícitas, y ha aseverado que las que procedan de un origen ilícito no salvarán las responsabilidades que pudieran derivarse, ya sea una persona física o jurídica. «El condenado debería restituir los bienes y derechos vinculados a esas actividades», ha dicho, tras asegurar una vez más que la amnistía no sirve de nada en estos casos, puesto que el proceso no es opaco. «Los expedientes de regularización tributaria son accesibles para todos los inspectores y técnicos de Hacienda», ha explicado Montoro, que ha insistido en que ellos pueden comprobar quiénes se han acogido a la ‘amnistía fiscal’ y «solicitar que se les proporcione información» adicional sobre estas declaraciones especiales si creen que hay indicios sobre un posible origen delictivo de los fondos.
Un argumento que no vale a la oposición, puesto que tal y como han denunciado muchos grupos parlamentarios, muchos de estos delitos es posible que ya hayan prescrito.
Las cifras enfrentan a Montoro con la oposición
Monto pretendía hacer un discurso claro y contundente, pero éste no ha convencido a todos por igual. La oposición en bloque ha reprobado uno a uno los argumentos esgrimidos por el ministro de Hacienda. De hecho, uno de los más discutidos ha sido el de las nuevas cifras aportadas por el Gobierno. La comparecencia de este miércoles no era fácil; y Montoro ha aprovechado su primera intervención para alardear de datos que no han tardado mucho en ser ridiculizados por la gran mayoría de los grupos parlamentarios.
El titular de Hacienda ha cifrado en al menos 40.000 millones de euros -el 4% del PIB- la cantidad total aflorada con la amnistía fiscal. Sin embargo, sólo se recaudó 1.200 millones, menos de la mitad del objetivo inicial de 2.500 millones, como ya había adelantado el pasado diciembre. El Ejecutivo dijo que gravaría el capital regularizado al 10% y si hubiera sido así, el dinero recaudado habría sido 4.000 millones de euros. Lo que ha gravado Montoro, sin embargo, ha sido el rendimiento de esos 40.000 millones, es decir apenas el 3% de lo declarado.
Unas cifras, que a ojos de toda la oposición, no son para presumir. Tal y como ha denunciado este miércoles la oposición, la escasa recaudación inicial de esta medida obligó al Gobierno a relajar las exigencias. «Esta amnistía sólo ha favorecido a los corruptos», ha recordado el diputado socialista Pedro Saura, según el cual, es una injusticia atroz que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya permitido que los defraudadores regularan su dinero a un 3%, mientras que a los ciudadanos honrados se les han estado subiendo los impuestos de una manera indiscriminada.