El Congreso de los Diputados da luz verde al Real Decreto Ley de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Eso sí, con los únicos votos a favor del Partido Popular. Frente a la abstención de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias (FAC), el resto de formaciones de la oposición han votado en contra de este decreto por considerarlo «injusto», «cruel» e «innecesario», además de advertir de la intención oculta tras esta medida de empujar a los españoles hacia sistemas de pensiones privados. Así pues, la convalidación del decreto ha salido adelante con el voto favorable de 177 diputados ‘populares’, las dos abstenciones de UPN y FAC, y el rechazo de los 126 parlamentarios de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, PNV y el resto del Grupo.
Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado este jueves en el Congreso de los Diputados que en las próximas semanas convocará a los grupos parlamentarias y a los agentes sociales para estudiar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tibunal Constitucional que «invitan» al Ejecutivo de Mariano Rajoy a cambiar el periodo cotizado a tiempo parcial. Ambos consideran que la forma en que la Seguridad Social calcula el tiempo cotizado por quienes trabajan a tiempo parcial discrimina a la hora de acceder a una pensión y, sobre todo, perjudica a las mujeres, ya que son ellas quienes en un 75% del total ocupan estos empleos. «Es un análisis, un estudio y un trabajo que tenemos que desarrollar en el seno del Pacto de Toledo y, en paralelo, con los agentes sociales, porque es un cambio importante para el sistema de pensiones. Por eso, les convocaré para llevar adelante sin dilación esos trabajos», ha explicado la titular de Empleo durante su turno de intervención en el Parlamento para explicar el Real Decreto Ley de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
El discurso pronunciado por Báñez, el mismo que esgrimió el pasado 15 de marzo cuando lo presentó en rueda prensa tras el Consejo de Ministros: Esta nueva normativa permitirá que «el paso de los años no deteriore el sistema público de pensiones». Un sistema que, según Báñez, aún «goza de buena salud», pero que necesita de «algunos ajustes». «El sistema de pensiones es el corazón del Estado de Bienestar, y va por la tranquilidad de los ciudadanos que actuemos con diálogo, transparencia y determinación, porque su sostenibilidad es la mayor contribución que podemos hacer en el medio y largo plazo a todos los españoles», ha advertido la ministra, después de explicar que el Fondo de Reservas ya ha recuperado «casi la mitad» de los pagos de pensiones que se hicieron a través de él en 2012. Según Báñez, este viernes su Departamento elevará a la mesa del Consejo de Ministros un informe en el que se pondrá de manifiesto los «buenos» rendimientos que se han conseguido de este fondo entre el 1 de enero de 2012 y el primer trimestre de 2013 y que ascienden a los 3.430 millones de euros.
Por todos estos motivos, el Ejecutivo ‘popular’ ha puesto en marcha unas medidas dirigidas a promover el «envejecimiento activo», es decir, evitar que personas que aún están en edad de trabajar (ahora menores de 65 años, en 2027 de 67) se sumen a la bolsa de las pensiones antes de tiempo, o lo que es peor, cobren un subsidio de manera indefinida hasta que pueden acogerse a la jubilación. Según Báñez, el objetivo del Gobierno es evitar la «discriminación por edad» que actualmente se sufre en el ámbito laboral. Aunque lo cierto es que el fin último es controlar la transición entre la vida activa y la jubilación, de tal manera que no colapse el sistema. Así pues, el Gobierno ha dejado claro que su intención es acercar la edad real a la legal para acogerse a la jubilación. Y para ello propone dos tipos de soluciones. Una relativa a la vida laboral, que es evitar que en los despidos colectivos que actualmente se practican en las empresas se incluyan a mayores de 50 años, de tal manera que debido a las condiciones actuales del mercado laboral les sea imposible volver a encontrar trabajo y se alarguen en el cobro del subsidido por desempleo. Y otra relativa a las pensiones, que es ampliar los requisitos de acceso a la jubilación anticipada para que esta no sea la fórmula más utilizada en estos casos.
Críticas de la oposición por tramitarse como decreto ley
Ahora bien, dos han sido los asuntos que han copado la atención de la oposición en el debate de este jueves en el Parlamento. Por un lado, las modificaciones en el subsidio que cobran los mayores de 55 años que ya han agotado la prestación por desempleo. Y en segundo lugar, la tramitación como decreto ley, en vez de como proyecto ley que es la fórmula legislativa que permitiría que la oposición introdujera enmiendas a esta nueva normativa.
Hasta el momento, tenían derecho a este subsidio por desempleo los trabajadores mayores de 55 años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, que hayan agotado la prestación por desempleo, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. A partir de ahora, esta ayuda se limitará. Además de las rentas del beneficiario, se sumarán las de todos los miembros de la unidad familiar y se dividirá entre el número de miembros, de forma que el resultante deberá ser inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluidas las pagas extraordinarias. Una medida calificada por la oposición en bloque de «injusta» y «cruel». «Lo que ustedes están haciendo con los mayores de 50 años no tiene nombre. O sí, es un acoso en toda regla. Condenan a estos trabajadores a la pensión mínima», le ha espetado al Gobierno el diputado de La Izquierda Plural, Joan Coscubiela, en su turno de intervención.
El «no» a estas modificaciones en el sistema de jubilaciones anticipadas ha sido la respuesta generalizada por parte de la oposición parlamentaria. Además, el PSOE, el Grupo Mixto y La Izquierda Plural han empleado sus turnos de intervención para denunciar la fórmula elegida en su tramitación. «Es la primera vez en democracia que se reforma la Seguridad Social por decreto, sin diálogo ni negociación con los grupos políticos o con los agentes sociales, en definitiva, al margen del Pacto de Toledo», han afeado los socialistas, que en boca de su diputada López i Chamosa han instado a Báñez a tramitar este decreto como proyecto de ley y llevarlo al Pacto de Toledo. Un argumento muy rebatido por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, que ha insistido en numerosas ocasiones en que esta medida ha sido suficientemente dialoga y debatida con los agentes sociales.