Las alarmas surgían a primera hora de este viernes cuando el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre, no ha sido capaz de aclarar si el Gobierno tiene pensado o no subir de nuevo el IVA, o en otro orden de cosas incluir cambios dentro de este impuesto indirecto. Lo máximo que ha acertado a decir Latorre es que el Ejecutivo de Mariano Rajoy estudia la mejor estructura fiscal para crear crecimiento y empleo, siempre dentro del contexto de consolidación fiscal. «Prejuzgar si va a ser necesario y cuándo y en qué dirección tocar la estructura de los impuestos es prematuro. Habrá que esperar al día 26», ha dicho el secretario de Estado.
Ahora bien, al final no ha hecho falta esperar tanto para conseguir una declaración política contundente. El revuelo que se ha montado en torno a esta cuestión ha obligado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a ser más directo que nunca ante una cuestión que cada vez preocupa más al ciudadano. «En España no se van a subir los impuestos. Estamos en la fase de reestructuración de nuestra carga tributaria», ha explicado el titular de Hacienda. Claro que la sombra de la duda persiste, más aun teniendo en cuenta que el mismo Montoro, instantes después de intentar ser categórico a este respecto, ha advertido de que la presión fiscal en España es «anormalmente baja», situándose en el 35% del PIB en 2011. El ministro de Hacienda ha vuelto a insistir en la idea de no gustarle este tipo de políticas, y «lamentar» tener que haberlas tomado en su momento, para después rematar que concretamente las subidas de 2012 elevaron la presión fiscal casi un punto, en opinión de Montoro, «algo necesario».
Así pues, y después del discurso inicial esgrimido, ha matizado que antes de tomar la decisión de subir o no impuestos, su Departamento tendrá que analizar la evolución de la recaudación, los resultados de la lucha contra el fraude y el afloramiento de las bases imponibles tras la amnistía fiscal. Ahora bien, el ministro se ha impuesto dos límites: la equidad y el principio de no lastrar el crecimiento económico. Y es precisamente el segundo de sus límites el que le ha llevado este viernes a negar también de manera categórica que España tenga pensado replantearse una «recalificación de los productos» que actualmente disfrutan del IVA reducido, una de las recomendaciones procedentes desde Bruselas. Según Montoro, este tipo de IVA afecta a «sectores pioneros en España», como es el caso del transporte, la hostelería y el turismo, y «tocarlo» podría perjudicar a la recuperación económica de nuestro país. «No hay nada de eso encima de la mesa», ha aseverado el ministro, que ha recordado que el Gobierno ya elevó del 8% al 10% ese tipo reducido,
Ahora bien, Europa camina en otra dirección, y hasta el momento su mensaje parece claro: España debe de ajustar más y a mayor velocidad. Hace una semana que la Comisión Europea reclamó al Gobierno español nuevas subidas del IVA en algunos productos y de los impuestos medioambientales para reducir el déficit y proseguir con la reforma laboral y con la de las pensiones, retrasando la edad efectiva de jubilación. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, por su parte, sigue sin ser claro al respecto. Por un lado, insistie en que el cumplimiento del mandato europeo es imprescindible, para a continuación asegurar que no van a seguir ninguna de las recomendaciones procedentes desde Bruselas: ni se va a subir el IVA, ni se van a tocar la pensiones. Por lo pronto, lo único nuevo aprobado en materia de pensiones, tal y como ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la creación de una comisión para analizar su sostenibilidad.
No se reducirán las pagas a los funcionarios
En otro orden de cosas, el ministro de Hacienda también ha asegurado que este año no se van a reducir ni siquiera «parcialmente» las pagas extraordinarias de los empleados públicos y ha dicho al respecto que «no sabe» de dónde salen los rumores que han apuntado lo contrario. Montoro ha señalado que este mes se va a devolver a los empleados públicos el importe de las cotizaciones correspondientes a la paga extraordinaria de diciembre, ya que éste les fue descontado pese a no haber cobrado dicha paga. Asimismo, el ministro ha reiterado que la paga suprimida el año pasado se abonará a los empleados públicos a partir de 2015, en función de las disponibilidades presupuestarias, por lo que ha insistido en que la paga no se suprimió, sino que se «desplazó en el tiempo».
Elsa S. Vejo