La comisión de seguimiento de las participaciones preferentes se reunirá por primera vez este miércoles, 17 de abril, en un encuentro que, entre otras cosas, servirá para establecer los criterios que deberán cumplir los afectados por una comercialización engañosa de estos productos para poder acogerse al arbitraje.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo anunció en el Pleno del Congreso la semana pasada, durante el debate de convalidación del decreto ley de Protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, que la comisión quedará constituida «al más alto nivel» este miércoles.
En dicho encuentro se acordarán los «parámetros y criterios generales a seguir» para poder acudir al arbitraje, requisitos que «podrán ser revisados periódicamente». Además, la comisión también se encargará de hacer un seguimiento de los problemas sociales derivados de la comercialización de estos productos, de analizar las causas de las reclamaciones, de informar al Congreso y de elevar propuestas de mejora de la protección a los inversores.
La comisión, que presidirá la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, también contará con representación del Banco de España, de la Secretaría General de Consumo, del Tesoro y del Consejo de Consumidores y Usuarios, y podrá invitar a participar a las autoridades autonómicas de consumo.
Proceso rápido para los más vulnerables
El ministro también había avanzado que habrá un procedimiento rápido para colectivos «especialmente vulnerables», que tendrán prioridad para acceder al arbitraje. «La comisión trabaja ya en los criterios que tendrán en cuenta, y que incluirán a los afectados con menor nivel de ingresos, de edad avanzada en el momento de la contratación, con especiales cargas familiares, que carecieran de experiencia o formación financiera, o que tengan una mayor proporción de los ahorros invertidos en estos productos».
De Guindos había confirmado asimismo que se permitirá acudir a esta vía a los titulares de participaciones preferentes de Bankia que ya hubieran efectuado su canje por acciones a principios de 2012, como es el caso de quienes suscribieron con Caixa Laietana o Caja Segovia.
«El arbitraje es una vía rápida, sencilla, eficaz y menos costosa que el procedimiento judicial», ha asegurado De Guindos, señalando que el buen resultado que ha conseguido este procedimiento donde ya se aplica ha convencido al Gobierno para extenderlo a otras entidades. Así, ha precisado que en Bankia «el FROB ha dado ya instrucciones para comenzar de forma inminente» con los arbitrajes, de los que se encargará finalmente el Instituto Nacional de Consumo.
Además, el titular de Economía ha subrayado que hasta la fecha 26.000 afectados ya han visto resuelta su situación gracias a esta vía y ha confiado en que «habrá muchísimas más» en el futuro, dado que el proceso no se cerrará hasta haber tratado todos los expedientes.
Dar liquidez
Antes de poder ir al arbitraje, los titulares de preferentes deberán aceptar un canje de sus títulos por acciones, con la aplicación de una quita que, no obstante, no será impedimento para que puedan recuperar la totalidad de su dinero si demuestran que han sido estafados. «Si un preferentista demuestra que ha sufrido fraude en la comercialización se le devolverá el cien por ciento de su dinero. El canje o la quita no tienen nada que ver», ha dicho De Guindos.
En cualquier caso, para conseguir liquidez deberán ir a Bolsa si cuentan con títulos de Bankia, o acudir al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) si son de entidades participadas mayoritariamente por el FROB –Catalunya Banc y Novogalicia Banco–. El FGD será el que fije el precio de esas acciones. «Yo prefiero que paguen los bancos antes que los contribuyentes», ha subrayado el ministro.
Para habilitar esta opción, el decreto incluye una derrama extraordinaria de las entidades financieras del 3 por mil de sus depósitos, hasta alcanzar una cifra de entre 1.500 y 2.000 millones de euros. «Se trata de implicar a las entidades para que formen parte de la solución. Aunque la derrama supone un esfuerzo adicional en el corto plazo, en el medio plazo redundará en una mejora de la percepción de los ciudadanos», ha pronosticado.
Así, el 40% de la contribución se deberá hacer en los primeros 20 días del año próximo y el 60% restante, en un plazo máximo de siete años desde entonces, «de acuerdo con el calendario de pagos que fije la comisión rectora del FGD», que también podrá decidir deducciones para las entidades nacionalizadas, para las que tienen balances inferiores a los 5.000 millones de euros o para las que hayan hecho aportaciones al Sareb.
Con relación al ‘banco malo’, el decreto también «completa el régimen de transmisión de activos» y «clarifica la situación en que quedaría si una entidad bancaria que transmita activos entra en concurso de acreedores».
Estrella Digital/EP