La Comisión Europea dictaminará este miércoles si el nuevo plan de reformas aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 26 de abril es suficiente para corregir los desequilibrios excesivos detectados en la economía española, en particular la elevada tasa de paro y el alto endeudamiento público y privado.
El Ejecutivo comunitario ha descartado en todo caso lanzar un expediente sancionador contra España por desequilibrios excesivos, que podría culminar con una multa de hasta el 0,1% del PIB (1.000 millones de euros), y lo más probable es que se limite a pedir al Gobierno que acelere las reformas ya previstas o incluso que pida ajustes adicionales.
Las declaraciones del vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, dan a entender que se inclina por esta opción: evitar las sanciones pero pedir a España que persista en el impulso reformista. El plan de reformas español, dijo Rehn tras el Eurogrupo del 13 de mayo, «constituye una respuesta política completa con una serie de propuestas concretas y calendarios en general bien detallados».
«Es muy importante que España avance en reformas estructurales valientes y en una consolidación fiscal coherente», resaltó el vicepresidente económico, que sin embargo dejó claro que el Gobierno de Rajoy «está dando en general los pasos correctos para crear las condiciones para una recuperación sostenible y la reducción de sus niveles de paro inaceptablemente altos».
También el presidente del Gobierno ha descartado que Bruselas vaya a proponer sanciones contra España o pedir reformas adicionales. «¿Si nos pueden pedir algo más? Yo no lo veo. Yo creo que todo lo que es razonable y todo lo que es sensato o se ha hecho o está en marcha», dijo Rajoy tras el Consejo Europeo del pasado miércoles.
Entre las medidas que Bruselas considera prioritarias está la revisión de la reforma laboral con el fin de garantizar que cumpla los objetivos de reducir la dualidad, facilitar el ajuste de los salarios a la situación económica y mejorar el empleo de los jóvenes y aumentar el número de contratos fijos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha mostrado convencido de que la revisión demostrará que la reforma laboral está funcionando y que no se necesitan más cambios como el contrato único sugerido por la Comisión.
Bruselas pide además reforzar las políticas activas de empleo, los servicios públicos de empleo, en particular aumentando la coordinación entre los autonómicos y los estatales, y la formación profesional.
La reforma de las pensiones es otro de los ajustes que reclama el Ejecutivo comunitario con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de Seguridad Social. En este capítulo, el grupo de expertos creado por el Gobierno para definir el factor de sostenibilidad de las pensiones debe presentar sus propuestas en los próximos días.
En materia de impuestos, Bruselas reclama una revisión del sistema fiscal para que sea más compatible con el crecimiento y ha dicho en diversas ocasiones que España tiene margen para subir el IVA a determinados productos a los que se aplica el tipo reducido (10%) hasta el tipo normal (21%). También pide más medidas para acabar con el déficit de tarifa eléctrica.
La Comisión Europea también deberá pronunciarse sobre si sanciona a Eslovenia, el otro país de la UE con desequilibrios excesivos, especialmente por los problemas en su sector bancario. La tesis oficial en Bruselas sigue siendo que Eslovenia todavía está a tiempo de evitar el rescate pero debe poner en marcha nuevas reformas de forma urgente.
Prórroga para el déficit
La Comisión confirmará también este miércoles su decisión de dar dos años extra a España, hasta 2016, para situar el déficit por debajo del umbral del 3% que autoriza el Pacto de Estabilidad y deberá validar los nuevos objetivos intermedios propuestos por el Gobierno: 6,3% para este año, 5,5% en 2014 y 4,1% en 2015.
La nueva senda de reducción del déficit propuesta por el Gobierno español «logra un equilibrio razonable entre más consolidación fiscal ambiciosa y un entorno económico muy difícil», ha dicho Rehn. La relajación de los objetivos de déficit ha sido posible, según el vicepresidente, «por el reconocimiento por parte de los mercados de la creíble política presupuestaria llevada a cabo por España en un marco de gobernanza europeo reforzado».
El nuevo objetivo del 6,3% para este año (en lugar del 4,5% inicialmente previsto) permitirá limitar los recortes necesarios para cumplirlo a 3.000 millones de euros, en lugar de 18.000 millones.
Bruselas también tiene previsto proponer una prórroga de dos años para Francia y de un año para Eslovenia, Holanda, Polonia. Además, la Comisión se plantea cerrar el expediente por déficit excesivo contra Italia, Letonia, Rumanía, Lituania y Hungría
Las propuestas y recomendaciones de la Comisión se examinarán en el Eurogrupo y Ecofin de junio y deberán ser validadas por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre que celebran a finales de ese mes.