Febrero de 2014. Esta es la fecha anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy para que el informe sobre la próxima reforma fiscal esté listo. Tal y como ha adelantado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la formación del comité de expertos que deberá diseñar la nueva reforma fiscal. «Profesionales económicos y tributarios de reconocido prestigio», así es como ha presentado la portavoz gubernamental al grupo de expertos que estará presidido por el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares y que ya presidió el comité de sabios de la última reforma fiscal del anterior gobierno del PP en 1.999.
Según ha señalado Santamaría, el mandato es claro: lograr elaborar una reforma fiscal que esté encaminada a la consecución de un sistema tributario que favorezca el crecimiento económico, que ayude a generar empleo, que garantice la unidad de mercado y que contribuya al desarrollo fiscal. Tal y como ha explicado la vicepresidenta, ésta es una de las principales reformas estructurales que aprobará el Gobierno en esta legislatura. «Se tratará de una reforma integral de todo el sistema tributario en su conjunto, con el objetivo de hacerlo más sencillo, que garantice la suficiencia de ingresos, que ratifique el compromiso con la consolidación fiscal y que respete los principios de equidad, generalidad y progresividad», ha aseverado.
Nunca había sido una prioridad de este Gobierno. Por lo menos, no hasta que el expresidente José María Aznar la ha vuelto a colocar en el centro de la diana y ha utilizado como arma arrojadiza contra el actual Ejecutivo. Pero a partir de ahora sí lo será. La vicepresidenta ha sido preguntada concretamente por si el Ejecutivo se había sentido presionado por las reiteradas «recomendaciones» del máximo dirigente de FAES, pero ha preferido evitar la polémica. Según ha explicado Santamaría, cuando el Gobierno de Rajoy presentó el Plan Nacional de Reformas ya se diferenciaron «dos fases importantes». Una que consistía en reducir el déficit público del 9% que había dejado el anterior Gobierno. Y otra, y una vez superado el primero de los objetivos, que consistía en «embarcarse en otros procesos de transformación importantes». En este segundo grupo es en el que se ubica esta nueva reforma fiscal.
Una reforma que aún no está claro cuando entrará en vigor, pero que todo parece indicar que no será antes de 2015. Tal y como ha explicado la portavoz gubernamental, la emisión del informe de los expertos en febrero del próximo año «no condiciona ni anticipa» la entrada en vigor de dicha reforma. Aunque en su defensa Santamaría sí ha querido poner en valor los pasos que ya se han dado en esta dirección. La ley de Emprendedores -con el IVA de caja e importantes deducciones por reinversión de beneficios- es un claro ejemplo de ello, según la vicepresidenta, que los ha tildado de «cambios de calado». Es más, tal y como ha explicado Santamaría, el Gobierno tiene una política tributaria «que es la que quiere hacer», aunque ha reconocido que antes las «urgencias eran otras», y ha añadido que precisamente medidas como las subidas fiscales -aunque no las citó en ningún momento- han evitado en España «circunstancias de las que todo el mundo hablaba hace un año», en referencia al posible rescate.
En cuanto a la composición del grupo de expertos, además de Lagares, este grupo de expertos estará integrado por Sixto Álvarez, Maximino Carpio García, Francisco Castellano, Juan Francisco Corona, Fernando Fernández, Pedro Manuel Herrera, Rafael Ortiz y Pablo Hernández.
Unidad de mercado
Este viernes también se ha dado luz verde al proyecto de ley de Unidad de Mercado, otra de las reformas -junto con la de las administraciones- clave de esta legislatura. Con ella, el Gobierno ‘popular’ pretende mejorar la competitividad de la economía española. El anteproyecto ya fue presentado a principios de año por el ministro de Economía, Luis de Guindos, el mismo encargado de hacerlo en esta ocasión. El objetivo de esta nueva norma, según el titular económico, es claro: establecer la licencia única para comercializar bienes y servicios en toda España. ¿Y cómo se gestionará? el Ejecutivo tiene previsto crear un Consejo de Unidad de Mercado -presidido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro- que establecerá criterios para evitar la actual dispersión normativa en esta materia, supervisará continuamente, hará un informe anual de lo que la nueva norma está suponiendo y elaborará un código de buenas prácticas.
En paralelo, el Ejecutivo ha iniciado un desarrollo de nacionalización normativo. Según ha explicado De Guindos, se ha identificado cerca de 6.000 normas que pueden tener impacto en la actividad económica de 28 sectores, y el objetivo ahora no es otro que revisarlas y tratar de evitar que entorpezcan la actividad productiva. En caso de conflicto, ha explicado el ministro de Economía, se propondrá a la Comisión Nacional de Valores que proponga soluciones.
Por lo pronto, y según los cálculos de los que dispone el Ministerio de Economía, la norma permitirá reducir en un 35% las cargas administrativas para la creación de empresas y aumentar la productividad el 1,235, lo que tendría un impacto en el PIB de 0,15 puntos anuales, es decir, 1.500 millones de euros al año durante una década.