El mercado de los cigarrillos electrónicos crece con fuerza pero, mientras que para unos son una auténtica alternativa al tabaco tradicional y una ayuda para los fumadores de cigarrillos convencionales que quieren dejarlo, otros critican la falta de regulación fiscal y sanitaria del vapeo, es decir, la inhalación y exhalación de vapor de agua de estos dispositivos.
No hay datos ni evidencia científica para afirmar que el cigarro electrónico sea un producto seguro
El consumo de cigarrillos electrónicos en España no está regulado sanitariamente pese a que se comercializa en todo tipo de tiendas y grandes almacenes. Un informe reciente del área de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica (SEPAR) apunta que el consumo de los también llamados e-cigs puede provocar efectos en los pulmones similares a los del tabaco tradicional y asegura que “contiene sustancias idénticas a las que lleva un pitillo normal”. “No hay datos ni evidencia científica para afirmar que este sea un producto seguro, bien tolerado y que demuestre su eficacia. Hay investigaciones que prueban que, a corto plazo, estos dispositivos producen inflamación de bronquios, dificultad para la respiración, tos, ruidos torácicos, es decir, una alteración en el patrón ventilatorio normal de un individuo”, asegura el doctor Juan Antonio Riesco, neumólogo, experto en tabaquismo y miembro de SEPAR.
El consumo de los e-cigs se ha disparado. Se trata de un mercado que mueve 500 millones de euros en Europa, según Euromonitor Internacional, una firma de investigación de mercados que operan en varios países. Una cifra que podría ascender a 2.000 millones en todo el mundo a cierre de este año.
“El hecho de que sea un producto novedoso, ligado a las nuevas tecnologías y que se pueda encontrar con diferentes aromas lo hace muy atractivo para los jóvenes, que son los que más lo consumen (70%) y más conocimiento tienen sobre ellos”, comenta el doctor Riesco. Sin embargo, apunta Riesco, “ante la proliferación de este producto nuestra obligación es aportar información. Algunos informes de determinados organismos internacionales afirman que en los cigarrillos electrónicos se han detectado sustancias tóxicas para la salud y cancerígenas”.
Según los neumólogos, su creciente popularidad y el hecho de que se comercializan como alternativa a fumar cigarrillos convencionales hacen necesario una regulación total y establecer programas de educación e información para limitar su uso. Por este motivo la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los e-cigs sean regulados como medicamento, siempre que tengan nicotina, y si no es posible, someterlos a las mismas restricciones que el tabaco.
En este sentido también se pronuncia la Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros de España (ONAE) que piden al Gobierno “que se asegure información al consumidor y evite la competencia desleal a las expendedurías, se reglamente y se pueda vender en los estancos”, explica David Torrebanca, vicepresidente de la ONAE.
El número de fumadores ha disminuido al 24% de la población, la cifra más baja en los últimos 25 años
La petición llega en un momento en el que el tabaco clásico pierde terreno y cada vez se fuma menos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de fumadores ha disminuido al 24% de la población, la cifra más baja en los últimos 25 años. Un descenso de unos cinco puntos en los últimos años mientras que aumenta el número de e-smokers. Algunos estudios apuntan que actualmente los “vapeadores” podrían ser unos 900.000, el 10% de los fumadores tradicionales y que hay unas 300 tiendas especializadas repartidas en todo el territorio español.
El éxito de estos cigarrillos se debe, entre otras cosas, al hecho de que se pueden utilizar en todos los lugares públicos cerrados: bares, restaurantes, oficinas e incluso aviones. En todos los sitios donde la ley prohíbe fumar.
Esta misma semana el Parlamento Europeo ha dado un primer paso en la regularización de los cigarrillos electrónicos y ha propuesto como primera medida que los dispositivos que contengan nicotina por encima de los 2 miligramos no se vendan como un bien de consumo, se prohíba el despacho a menores y se informe a las autoridades sanitarias de las sustancias que contienen. Un paso que tendrá que ser aprobado por el Consejo Europeo y si sale adelante se abrirá un plazo de entre 18 y 24 meses para su implantación en los diferentes países.