El pasado 7 de noviembre cerca de 3.100 farmacias catalanas echaron el cierre durante toda la mañana y unos mil trabajadores se concentraron frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona. Lo hicieron para exigir al Estado el pago de los tres meses que les adeudan por los medicamentos servidos a la sanidad pública. En total 416 millones de euros.
Un día después, ese mismo viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se comprometió, en conversaciones con los periodistas que asistieron al Consejo de Ministros, a poner al día los pagos que reclaman las farmacias catalanas.
La propia Sáenz de Santamaría adelantó que los pagos se realizarían este sábado a través del Plan ICO proveedores, cuya tercera fase será aprobada este viernes por el Consejo de Ministros. Este último tramo se compondrá de 13.000 millones de euros. El titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó que, por su parte, la orden es priorizar los pagos a las farmacias frente a los del resto de proveedores comunitarios que se acojan al plan.
La deuda de las farmacias de Cataluña, correspondientes a dos meses de 2012 y a uno de 2013, ha provocado que algunas de ellas hayan dejado de tener en sus estantes existencias de algunos fármacos, especialmente los más caros.