El Parlamento Europeo ha aprobado por amplia mayoría este martes en su último pleno antes de las elecciones del 25 de mayo las piezas finales de la unión bancaria, un proyecto que se ha puesto en marcha en un tiempo récord de menos de dos años como respuesta a la crisis de deuda de la eurozona, pero que ha quedado diluido respecto a los planes iniciales por la presión de Alemania.
Los eurodiputados ha ratificado las tres normas pendientes para completar la unión bancaria: el mecanismo único de liquidación de bancos en crisis y el fondo de 55.000 millones para financiar quiebras y reestructuraciones (por 570 votos a favor, 88 en contra y 13 abstenciones); la directiva que obligará a los accionistas y acreedores -incluidos bonistas sénior y grandes depositantes-, en lugar de a los contribuyentes, a asumir pérdidas en futuras crisis (por 584 votos a favor, 80 en contra y 10 abstenciones); y la norma que refuerza los sistemas nacionales de garantía de depósitos de hasta 100.000 euros (que se ha declarado aprobada al no presentarse enmiendas al pleno).
«A partir de ahora, los contribuyentes no pagarán sistemáticamente la factura de las pérdidas de los bancos», ha resaltado el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz. «La unión bancaria completa la unión económica y monetaria, pone fin a la era de los rescates masivos y garantiza que los contribuyentes ya no pagarán la factura cuando los bancos se enfrenten a dificultades», ha dicho por su parte el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.
«La unión bancaria no sólo ayuda a restaurar la confianza en el sector bancario, sino que también garantiza un sistema auténticamente europeo de supervisión y de liquidación de bancos cuando quiebran«, ha sostenido el político francés.
La Eurocámara ratificó ya en septiembre del año pasado el primer pilar de la unión bancaria, la creación de un supervisor único. La tarea ha sido encomendada al Banco Central Europeo (BCE), que la asumirá en noviembre tras realizar una nueva ronda de test de estrés a los grandes bancos de la eurozona.
Romper el vínculo entre bancos y estados
El proyecto de unión bancaria se lanzó en la cumbre de junio de 2012, en pleno epicentro de la crisis de deuda y en paralelo al rescate bancario de España. Su objetivo es romper el vínculo entre deuda bancaria y deuda soberana y lograr que sean los propios bancos y no los contribuyentes los que paguen la factura de futuras crisis. Los líderes europeos esperan que la unión bancaria acabe con la fragmentación financiera de la eurozona y permita que las empresas paguen un mismo tipo de interés, independientemente de que sean españolas.
Sin embargo, la presión de Alemania, que rechaza pagar por los bancos de otros Estados miembros, ha diluido considerablemente el proyecto original. Así, se ha retrasado indefinidamente la creación de un sistema europeo común de garantía de depósitos, que iba a ser el tercer pilar de la unión bancaria. En su lugar, la Eurocámara ha aprobado una directiva que refuerza los sistemas nacionales de garantía de depósitos de hasta 100.000 euros, y cuya única novedad es reducir de 20 a 7 días el plazo de pago a los clientes en caso de quiebra. La norma entrará en vigor a mediados de 2015.
Además, Berlín ha logrado que se adelante a 2016 -en lugar de 2018 como estaba inicialmente previsto- la entrada en vigor de la directiva que obliga a accionistas y acreedores a asumir pérdidas. Con eso se garantiza limitar al máximo futuras ayudas públicas. Así, la norma fija por primera vez un porcentaje mínimo de quita obligatorio equivalente al 8% de los pasivos del banco, que debe aplicarse antes de usar el fondo de liquidación o cualquier tipo de ayuda pública.
En cuanto al mecanismo único de resolución, Alemania ha logrado que sean los Gobiernos y no la Comisión los que tengan la última palabra sobre el cierre de un banco. Además, ha impuesto un periodo transitorio para crear el fondo de 55.000 millones, que se financiará con aportaciones de las entidades, y ha vetado que cuente con el aval del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE).
En la recta final de las negociaciones, la Eurocámara ha logrado acortar de 10 a 8 años el periodo de creación de este fondo. Además, se acelera el ritmo de mutualización al principio del proceso, hasta alcanzar el 70% en los tres primeros años (40% el primer año, 20% el segundo y cerca del 10% el tercero).
En los próximos meses, Bruselas debe proponer un método para calcular cuánto deberá aportar cada banco, lo que dependerá de su perfil de riesgo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que la banca española aportará entre el 12% y el 13% de los 55.000 millones de euros. El fondo empezará a constituirse en 2015 pero sólo podrá usarse a partir de 2016.
Schulz ha defendido que estos cambios suponen una «victoria importante» del Parlamento frente a las «presiones ilógicas» de algunos Estados miembros. «Este texto mejorado muestra que la implicación del Parlamento no impide lograr soluciones óptimas», ha dicho el presidente de la Eurocámara en un comunicado.