El Gobierno afirma que las medidas antidesahucios que ha ido aprobando a lo largo de la legislatura han reducido la «conflictividad social» en torno a este problema en el último año, y que también han permitido que se produzcan menos lanzamientos en casos de ejecuciones hipotecarias.
Así lo señala en respuesta al portavoz adjunto de UPyD en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, quien en una pregunta escrita recogía la estadística del Banco de España publicada el pasado mes de mayo sobre desahucios, donde se señalaba que en 2013 fueron desahuciadas 49.694 familias, un 11% más que en el ejercicio anterior. En el 80% de los casos se trataba de la vivienda habitual.
Sin embargo, en su respuesta parlamentaria, el Ejecutivo replica que «no es cierto que en 2013 se haya incrementado el número de desahucios de viviendas habituales», que por contra cayeron un 8,87% pese al incremento de los datos generales de desahucios.
Menos intervenciones de la policía
De este modo, los lanzamientos de viviendas habituales se elevaron a 38.961, algo menos que los 39.051 que hubo un año antes, y además también se redujo el peso de estos desahucios sobre el cómputo global, pasando del 87,27% al 78,40%.
Y no sólo eso, sino que las estadísticas del supervisor recogen, subraya el Gobierno, la «drástica reducción» del número de entregas judiciales con intervención de la policía, que fueron 147 –93 en desahucios de vivienda habitual–, lo que supone un 57% menos que en el año 2012.
«De este dato cabría deducir una reducción de la conflictividad social en el último año, a lo que sin duda han contribuido las medidas legislativas recientemente adoptadas», insiste el Ejecutivo, que además hace hincapié en que las medidas «de gran calado» que se han ido aprobando en diferentes normas «sin duda han contribuido a aliviar la situación económica de muchos ciudadanos que, de otro modo, podían verse abocados a la pérdida de su vivienda habitual».
Recomendaciones europeas
Así las cosas, el Gobierno considera que «ya se han adoptado importantes medidas para hacer frente al problema que ya han desplegado un efecto positivo sobre el número de desahucios que, presumiblemente, habría sido aún mayor sin las mismas».
Una respuesta que descarta implícitamente la posibilidad que sugería Martínez Gorriarán en su pregunta de adoptar alguna de las recomendaciones que el Banco Central Europeo (BCE) planteó a España tras conocer la Ley Antidesahucios aprobada en mayo de 2013, y que el supervisor europeo consideró insuficiente, en aras de «abordar las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las hipotecas» y para «evitar en la medida de lo posible las ejecuciones hipotecarias».