El portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, ha acusado al Gobierno de montar un «pelotazo de importantes dimensiones» con la cesión del Registro Civil en favor de los registrados mercantiles, que van a acceder a un negocio adicional de más de 1.200 millones gracias a los aranceles que los usuarios tendrán que pagar por sus gestiones.
En declaraciones en el Congreso, Llamazares ha explicado que la idea del Gobierno de ceder la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles va a propiciar que este reducido colectivo, que cifra en 120 profesionales, se reparta un negocio adicional valorado en 1.200 millones de euros más otros 100 millones que pueden obtener las empresas informáticas comercializando los datos del registro de millones de personales.
Según Llamazares, a condición de hacerse cargo del Registro Civil, los registradores mercantiles cobrarán unos aranceles sobre gestiones que han de repetirse periódicamente y que verán multiplicado su precio por 500 y por 5.000. Todo ello sumado da la cifra de 1.200 millones de euros, sostiene, que se van a repartir esos 120 registradores mercantiles cuyas retribuciones ya multiplican por 20 o por 30 el salario del presidente del Gobierno.
El segundo negocio será para las empresas informáticas que tendrán acceso a los datos de millones de personas físicas y jurídicas y que podrían comercializar esos ficheros obteniendo ganancias de unos 100 millones de euros.
Para el diputado de IU, se trata de «un pelotazo de importantes dimensiones» que supone un «expolio» del Registro Civil, que hasta ahora estaba en manos de los 4.000 funcionarios de Justicia y de los jueces de paz, que ofrecen un servicio «accesible y barato» por un coste de alrededor 500.000 euros anuales.
Y además, subraya, el servicio se colapsará puesto que, si el actual Registro Civil tiene miles puntos de atención al público en toda España, los registradores mercantiles sólo ofrecerán 120 ventanillas.
A su juicio, este «escándalo» demuestra que la supresión de las tasas judiciales para particulares ha sido «flor de un día» y «un mero maquillaje», porque ahora los usuarios del Registro deberán pagar unas gestiones y unos precios que hasta ahora no abonaban.
Y todo ello, ha recordado, cuando tanto el exministro Alberto Ruiz Gallardón como el actual titular, Rafael Catalá, habían prometido que la privatización del Registro Civil no iba a costar un euro. «Se coge antes a un mentiroso que a un cojo», señala Llamazares en la pregunta que ha registrado en el Congreso pidiendo explicaciones al Gobierno.
Y ha añadido el hecho de que el presidente Mariano Rajoy y otros miembros relevantes del Gobierno y del PP son registradores de la propiedad, por lo que ha pedido saber si piensan abstenerse y ausentarse cuando haya que votar este «pelotazo» para sus compañeros de profesión.
«Esto demuestra que el Gobierno puede prevaricar legalmente y malversar recursos públicos legalmente –ha concluido–. Esto está en los límites de las puertas giratorias y de la corrupción».
Por todo ello, además de las preguntas registrada por Llamazares, el grupo parlamentario de Izquierda Plural ha reclamado la comparecencia urgente en el Congreso del ministro Catalá.