Las peticiones de los nuevos gobiernos autonómicos vuelven a caer en el vacío. El Gobierno no da marcha atrás en la fijación de los déficits y ha acordado que todas las CCAA reduzcan su déficit al 0,3% del PIB el año que viene. El Ministerio de Hacienda cumple con su idea inicial pese a las reticencias de las comunidades gracias a la mayoría que tiene en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Junto con Hacienda, solo las CCAA gobernadas por el PP (Castilla y León, Murcia, Madrid, La Rioja y Galicia) han votado a favor del reparto simétrico del déficit.
Las regiones autonómicas que han votado en contra se han escudado en pedir al Ministerio que divida el margen del 0,3% entre las comunidades en función de las necesidades. Las CCAA se han apoyado en un informe presentado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que defendía un reparto diferenciado. El problema que despierta la petición es que aquellas que cumplen con el déficit se verían perjudicadas mientras que las incumplidoras, al necesitar un mayor ajuste con el nuevo déficit, se verían beneficiadas.
A vueltas con la financiación
Entre las comunidades más beneficiadas por la financiación para 2016 se encuentran: Cataluña (12,12%), Valencia (11,79%) y Andalucía (11,11%). Seguidas por Murcia (9,86%) y La Rioja (8,55%). El CPFF que ha presidido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dado a conocer la financiación aunque sigue envuelta en una polémica tras la publicación de las balanzas fiscales hace unos días.
Tanto Madrid (muy por encima del resto) como Cataluña, Valencia y Baleares son las únicas contribuidoras netas, las otras trece comunidades son deficitarias. La situación parece poco sostenible cuando las que pagan más ya han hecho un frente común para mejorar sus condiciones. Será el próximo Ejecutivo el que determinará qué camino toma la financiación autonómica, de momento, el PP solo ha ofrecido dar más dinero.
Fijación de déficit
No solo la financiación autonómica despierta recelos, la fijación del déficit se ha convertido en el problema de nunca acabar. La AIReF ponía en duda que Hacienda pudiera cumplir con el déficit en 2015 debido a que algunas CCAA no cumplirían con el suyo. El organismo señalaba que 2015 podría concluir con una desviación similar a la de 2014, que fue del 1,66% frente al objetivo previsto del 1%.
A lo largo de 2014 hasta cuatro comunidades incumplieron con el déficit, una desviación cercana a los 2.200 millones entre ellas. El resultado fue que España incumpliese con el déficit del 5,5% previsto al 5,72%.
La determinación del déficit en España primero se negocia con las autoridades de la Comisión Europea, una vez fijado el gobierno lo reparte entre las autonomías y la Administración Central. La composición de déficit entre los objetivos, los que se cumplen y los nuevos objetivos es una odisea año tras año. Desde el 2009 se fijan varias veces los objetivos de estabilidad, tres veces por año. En primer lugar julio del año anterior (ahora estamos en este proceso fijado en 0,3%), según la ley. Ante las condiciones económicas, posibles variaciones en las estimaciones, es necesario cambiarlas (así ha sido desde 2009) y se cambian los presupuestos y por lo tanto nueva fijación de objetivos. Los datos dicen que entre 2009 y 2014 se han fijado hasta 15 déficit fiscales distintos para las CCAA.
Abordar el problema autonómico, tanto déficit como financiación será requisito indispensable una vez se forme un nuevo Gobierno en España. De momento, el ejecutivo de Rajoy ha evitado cambiarlo (sigue el mismo vigente desde 2004) a base de planes financieros como el Fondo de Liquidez o el Fondo de Facilidad Financiero que solo han servido como parches. Las CCAA no pueden tener tan bajos ingresos (los impuestos autonómicos apenas suponen entre un 2 y 5% del gasto) y gastos tan altos. Será el próximo gobierno el que decida sí recorta en los servicios ofrecidos por las CCAA (entre otros tienen sanidad y educación que representa más del 70% de su gasto) o les atribuye mayor poder recaudatorio.