El Gobierno ha fijado para cinco comunidades autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana) un objetivo de deuda pública en 2016 superior a la media nacional, que se ha establecido en el 22,5% del Producto Interior Bruto (PIB).
En concreto, para Baleares se ha fijado un objetivo de deuda del 29,1% del PIB, para Castilla-La Mancha del 33%, para Cataluña del 31,4%, para Murcia del 25% y para la Comunidad Valenciana del 38,2%, el más alto.
La Comunidad Valenciana es la región que más tendrá que recortar su deuda pública hasta 2018, 2,9 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 35,3% del PIB dentro de tres años. Castilla-La Mancha tendrá que recortar este porcentaje 2,4 puntos, hasta el 30,6%, mientras que Baleares lo recortará 2,2 puntos porcentuales, hasta el 26,9%.
Las comunidades autónomas con menor objetivo de deuda para 2016 son Madrid (13% del PIB), Canarias (15,1%), Asturias (16,3%), La Rioja (17,1%) y Galicia (18,1%).
El Consejo de Ministros del 10 de julio fijó el objetivo de deuda pública del conjunto de España en el 22,5% para 2016, en el 21,8% en 2017 y en el 20,9% para 2018, mientras que el de estabilidad presupuestaria se estableció en el -0,3% para 2016, en el -0,1% para 2017 y en el 0% para 2018.
Sin agujeros en las CCAA
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que tras las reformas legales de esta legislatura no puede haber agujeros ocultos en las cuentas de las comunidades autónomas «como en 2012», porque se tiene «un conocimiento exacto» de la situación financiera de todas ellas y la deuda y el déficit están «programados».
«Tenemos un armazón que nos da mucha seguridad», ha afirmado Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y acerca de que en la próxima legislatura, que se iniciará tras las elecciones de diciembre, cabe la posibilidad de que afloren problemas de financiación.
«Nuevos dirigentes han llegado a nuevos gobiernos y parece que se han asustado, que no habían leído dónde estaban. Los déficits y deuda son importantes, pero no quiere decir que no sean programados y que tienen la colaboración del Gobierno para ir corrigiendo esas políticas», ha agregado el ministro.
El responsable de Administraciones Públicas ha explicado por ejemplo que la deuda comercial se ha reducido de 35.000 a 14.000 millones y que medidas como la factura electrónica o el periodo medio de pago impiden su crecimiento sin control. «Hemos vuelto al nivel del año 2000. Fueron otros los que no se enteraron de que se estaba generando», ha dicho.