La izquierda no termina de aclararse sobre cómo actuar con la deuda pública. Más allá de la auditoria ciudadana, mantra repetido hasta la saciedad, no se sabe sí después se declarará un impago, una reestructuración o cómo se actuará. Ahora, el tema de la deuda pública ha vuelto a ser tema de actualidad tras las actuaciones de los llamados ‘ayuntamientos del cambio’. Madrid, Barcelona o Cádiz ya han puesto el punto de mira en la deuda, incluso el responsable de Madrid ha asegurado que un 80% podría ser ilegítima.
En apenas un año el partido político que encabeza está decisión, Podemos, ha presentado hasta tres programas económicos distintos y en las próximas semanas publicará un cuarto. En ellos, a medida que el partido ha alcanzado una mayor intención de voto en las encuestas no le ha importado cambiar sus medidas. En el primero de los tres aseguraba que una vez delimitada qué parte era pública y qué privada se declararía su impago. En los dos sucesivos el tema se zanja resolviendo que no habrá impago, sino reestructuración.
¿Alguien se aclara?
El doble mensaje instalado en Podemos no es el único que recorre los medios de comunicación. Otros partidos que se adscriben a movimientos populares cerca de Podemos también juegan con el doble mensaje, los Ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Cádiz son los que más ruido han causado.
Quizá el ejemplo más paradigmático de descoordinación es el del consistorio de la capital de España. Desde los primeros días tras su toma de posesión la alcaldesa Manuela Carmena se ha visto desmentida por su portavoz, Rita Maestre, o ella ha tenido que desmentir a algún concejal. Uno de los últimos ejemplos era la confrontación entre Carmena y su concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato.
El titular de Hacienda explicaba a los medios la propuesta de la auditoria de la deuda del consistorio y días después escribía un artículo en el que declaraba que el 80% de la deuda era ilegítima. Eso significa que no debería pagarse, según la definición que la otorga el derecho internacional, porque ilegítima u odiosa se refiere a que se ha contraído en contra de los intereses de los ciudadanos y por tanto no debe pagarse. Días más tarde la alcaldesa recalca sorprendentemete que el Ayuntamiento de Madrid va a pagar la deuda “religiosamente”.
Dudosa eficacia de la auditoria ciudadana
Explica el catedrático de Economía Roberto Centeno que no se debería hablar de auditoria popular, porque tiene una “connotación de arbitrariedad y sectarismo le quita credibilidad”. Más allá del sectarismo lo que realmente le quita credibilidad son las bases y la formación de aquellos que realizan una tarea tan técnica.
Para la nueva política tan solo se necesita una charla para poder poner en funcionamiento una plataforma de auditoría de la deuda. “No hacen falta conocimientos previos de economía” (sic) para ello, simplemente una conversación con algún integrante de la PACD (Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda). Como zénit de la credibilidad que se quiere otorgar al movimiento se afirma que “no os desaniméis si no entendéis nada de la deuda; posiblemente está hecho así a propósito”.
De salir adelante los planes de Ciudadanos, la auditoría de una deuda que supera el billón de euros de uno de los países más grandes del mundo la va a desarrollar un grupo “ciudadano o popular” sin conocimientos de economía y que es probable que no entienda su funcionamiento. Se trata de una posición prácticamente indefendible ante cualquier tribunal internacional.
Experimentos pasados y lección griega
Días antes del 25 de enero Izquierda Unida y Podemos cruzaban declaraciones sobre qué partido tenía más afinidad y hermandad con Syriza. La formación de Alexis Tsipras con un mensaje de la ‘nueva política’ estaba a las puertas de la mayoría absoluta en Grecia. Pasados seis meses, nombrar a Syriza ante cualquier integrante de Podemos causaba cierto malestar. No era para menos, su política de negociación suicida había llevado al país al precipicio económico, instaurando un corralito, y acabó con un acuerdo con los acreedores mucho más duro que el que se había presentado antes. Aunque no hay trampa ni cartón, Syriza negoció como había prometido y su programa era prácticamente clavado al de Podemos o IU.
Las repercusiones no son iguales cuando se decreta un impago desde un ayuntamiento que desde la presidencia de un país. Frente a la experiencia griega existe otra experiencia en un consistorio, aunque ciertamente más irreal. El Ayuntamiento de Rivas, tras más de 20 años de gobierno de IU, decretaba como deuda ilegítima los 5,3 millones que supone la diferencia entre los intereses que paga a las entidades bancarias y el interés al que reciben dinero del Banco Central Europeo. El argumentario político retorcido al máximo, pero lo que no contaba el Ayuntamiento era que había multiplicado por tres la deuda entre 2010 y 2013. A pesar de todo, la situación no se asemeja a la griega, porque es muy diferente decretar un impago según a qué niveles.
En primer lugar, porque se trata de cantidades muy distintas. En segundo lugar, por los agentes económicos que involucra. Aunque la gran diferencia radica en cómo se va a financiar los servicios el día siguiente a decretarse el impago. En un ayuntamiento que recibe dinero del Estado esa situación no es tan grave, ya que podría ser financiado a través del propio Estado. Es más, Hacienda está ahora mismo emitiendo deuda por las CC.AA. Esa posibilidad se pierde si la decreta el propio Estado, ya que el país quedaría fuera de los mercados de capitales. En España no solo se perdería el dinero de la ‘hucha de la pensiones’ sino que se traduciría en un recorte de gasto automático de más de 50.000 millones.
¿Mejor sin deuda?
Si en el caso del impago, reestructuración o pago “religioso” el mensaje es ambiguo o doble, respecto al concepto en sí de deuda es aún peor. El sentido común indicaría que la consideración de la deuda por dichos partidos es mala, es decir, debe evitar endeudarse pero en realidad no es así. Las fuerzas políticas de izquierda son las que más han atacado el recorte del gasto público, bajo el nombre de “austericidio”. Es más, en cada uno de sus programas económicos, sea de Podemos, IU o frentes populares, se decide acometer una expansión del gasto que se sufragará con más deuda pública.
De nuevo, el ejemplo es el Ayuntamiento de Madrid. Mientras se dirime si habrá auditoria o no, impago, reestructuración o pago, Ahora Madrid ha decidido llevar a cabo una remunicipalización de los servicios de limpieza de la capital. Eso significa: renunciar a los ingresos derivados del canon de licitación, convertir en empleados públicos todos a todos los trabajadores y la gestión personal de ello y material que implica asumir los costes de vehículos y amortizaciones entre otros. En definitiva, una expansión del gasto que sale del bolsillos de los ciudadanos ahora a través de impuestos o de generaciones futuras.
Los nuevos partidos de izquierdas deben posicionarse de manera clara respecto a este tema. Si proponen auditorías y quitas o por el contrario las auditorías solo son de cara al público sin efectos. No solo eso, sino también deben dar un paso adelante y declarar que si la deuda no es deseable, lo mejor es evitar gastos y no expandirlos a través de lo que denominan ‘derecho a déficit’, es decir, derecho a vivir endeudados. Apenas quedan unos meses para las Elecciones Generales y los nuevos partidos deben olvidarse de los dobles mensajes y ser más claros y concisos en sus propuestas.