Vías deficitarias de AVE, aeropuertos fantasma y sin aviones, túneles tapiados, autopistas rescatadas… España ha gastado más de 150.000 millones de euros en obra pública desde que comenzó la crisis, pero apenas ha dedicado recursos a reformar sus infraestructuras hídricas. El abandono de dichas estructuras repercute negativamente sobre la eficiencia en el uso del agua, a través de pérdidas o del deterioro de los embalses o presas. De hecho, uno de cada cuatro litros se pierde en las conducciones.
Las inversiones españolas en infraestructuras hídricas son las más bajas de Europa. En Francia se invierte un 28% más, en Alemania un 27%, en Reino Unido un 23%, según constata un estudio de Seopan, la organización patronal que agrupa a las grandes constructoras. La baja inversión ha multiplicado las deficiencias un los embalses, presas y sistemas de conducción. De ahí que uno de los grandes problemas sean las pérdidas que se producen durante el abastecimiento. A grandes rasgos, la agricultura absorbe casi el 70% del agua consumida, mientras que el resto se destina a la industria y al consumo doméstico.
En España en 2012 se perdía más de uno de cada cuatro litros debido al insuficiente mantenimiento de las infraestructuras. Si en 2008 el porcentaje de pérdidas era del 24%, en sólo cuatro años alcanzó el 26%. Una cifra muy elevada, que contrasta con los resultados en torno al 8% que tienen países más lluviosos y en los que, por tanto, el agua escasea menos, como son Suecia, Holanda o Suiza.
De hecho, los expertos de Seopan señalan que en España se escapa de las tuberías más agua por el deterioro de las tuberías de la que se ha conseguido ahorrar en la última década con las mejoras en la eficiencia de los electrodomésticos e instalaciones sanitarias y la concienciación de la población sobre el consumo en los hogares.
El problema conlleva, además una mayor necesidad de potabilizar agua, lo que repercute en un mayor gasto energético y en una mayor retirada de líquido de los cauces naturales. Además, España está también por detrás de sus socios europeos en los tratamientos de agua.
Estrés hídrico
En la geografía española la palabra agua es sinónimo de crisis, con regiones condenadas a sufrir sequías y otras a padecer inundaciones, en función de la época del año. La norma general es la escasez. Es el país con mayor estrés hídrico -así llaman los expertos a la falta de agua- de toda Europa, con un 72%, frente al 26% en Italia, 21% en Reino Unido o el 19% en Francia. La escasez se ha agravado porque “el país requiere inversiones específicas que ayuden a evitar los problemas”, indican desde la patronal de las grandes constructoras (Seopan).
El sector agrícola español supone cerca de 4% del PIB, dato superior al de Francia o Italia, al menos en los últimos años. En 2012 la actividad agraria y pesquera arrojaba un saldo neto exportador de 7.800 millones.Todo ello a pesar de las deficientes infraestructuras españolas.
Seopan advertía en su informe que esos datos podrían mejorarse con mayor inversión en estructuras hídricas. “Existe un gran potencial de desarrollo en su productividad comparado con otros países más eficientes, siendo posible aumentar el valor añadido tanto en proporción al área de cultivo como en proporción al volumen de agua utilizado con fines agrícolas”.
Problema político
Aparte del problema geográfico, en España las autoridades también encuentran fuertes obstáculos políticos a la hora de gestionar el agua. A lo largo de los últimos cien años de historia se han intentado poner en marcha cuatro planes hidrológicos, de los que solo uno se implantó con cierto éxito.
El primero, en 1902, denominado “Plan de canales y pantanos”, falló por la falta de fondos. El ‘Plan Nacional de Obras Hidráulicas’ de 1933 no fue puesto en marcha en primera instancia, aunque después de la Guerra Civil se ejecutaron algunos de sus puntales, como los trasvases de los ríos Tajo y Ebro. En 1993 se ideó el “Plan Hidrológico Nacional”, que fue bloqueado por la oposición. Más tarde, en 2001, se aprobó otro plan con el mismo nombre, pero en 2005 el fuerte rechazo social y político paralizó su parte central, el trasvase del Ebro.
La política socialista de regar la costa de desaladoras también fue un fracaso que disparó los costes. El estudio de la patronal de las constructoras plantea una regulación mayor para la conexión entre las cuencas, para que el norte y el sur puedan beneficiarse aportando ayuda para limitar inundaciones y sequías, pero las tensiones continuas hacen imposible aprobar un proyecto nacional de tal envergadura.