El Pleno del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa pactada por el PSOE y Compromís instando a poner en marcha los trabajos de reforma del sistema de financiación autonómica con el fin de asegurar la igualdad y suficiencia financiera de las comunidades y además incluir compensaciones por los déficit detectados estos últimos años. Y mientras se renueva el modelo, se exige no imponer recortes sociales a los gobiernos regionales.
La moción aprobada, que recoge una enmienda del PSOE aceptada por Compromís, insta al Gobierno a «dar las indicaciones oportunas para que, de forma inmediata, se inicien o aceleren los trámites técnicos y la elaboración de informes oportunos de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas que sean necesarios para reformar el sistema de financiación autonómica» para su posterior tramitación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), su aprobación como proyecto de ley, y su debate y tramitación en las Cortes Generales.
Este nuevo sistema, según recoge la moción, deberá garantizar la igualdad y suficiencia financiera para todas las comunidades autónomas corregir los déficit de financiación, y preservar los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todos los territorios.
También se emplaza a analizar los déficit de financiación que han soportado de forma recurrente las comunidades y su impacto sobre la deuda autonómica con el fin de poner en marcha el mecanismo de compensación previsto en la LOFCA. Eso sí, en el análisis y cálculo del déficit de cada comunidad no se computará «lo atribuible a sobrecostes injustificados o a gastos excesivos no relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales, y por tanto atribuibles a despilfarro y/o corrupción».
Mientras se reforma el sistema, el Congreso pide asegurar que los sistemas habilitados para posibilitar la financiación de las comunidades se ejecuten con parámetros objetivos con la adecuada diligencia y permitiendo que éstas puedan ejecutar puntualmente los pagos para el cumplimiento de sus competencias, en especial la sanidad, la educación, dependencia y políticas activas de empleo, «sin exigirles recortes ni cercenar la autonomía política y financiera».
Asimismo, llama a «establecer sistemas objetivos y transparentes para asignar los objetivos de déficit a las distintas administraciones públicas que eviten la discrecionalidad y la arbitrariedad en la distribución de dicho déficit».
Por último, se insta al Gobierno a rendir cuentas sobre estos trabajos ante el Congreso en el plazo de seis meses.
La iniciativa ha salido adelante con los votos de todos los grupos parlamentarios salvo el PNV, que aunque lo ve bien, al tener régimen propio ha mantenido su tradicional actitud de abstenerse en estos temas.