El Ministerio de Hacienda tiene un nuevo disgusto: en los ocho meses transcurridos hasta agosto, los ingresos tributarios se han reducido en un 0,4%. Las menores devoluciones de todo tipo de impuestos no han compensado la caída de recaudaciones. El aumento del IVA, un 3%, del que se espera más gracias al verano, no compensa las rebajas en el IRPF y, muy especialmente, en el impuesto de Sociedades.
En esta situación, De Guindos y Montoro se enfrentarán el próximo 15 de octubre a los responsables de Bruselas, que adoptaron la multa cero por déficit a España pero exigieron un cambio fiscal que lo redujera.
De Guindos se comprometió a dar marcha atrás en una de las reformas más costosas en términos de liquidez: la recuperación de los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades. Recuperación que, con algo de audacia, evaluó en seis mil millones de euros.
El Gobierno deberá aprobar, este viernes, un decreto ley que contenga la medida comprometida. Posteriormente, la iniciativa debe ser convalidada por el Parlamento.
Los efectos de la reforma
La recaudación del Impuesto de Sociedades en lo que va de año apenas ha superado los cinco mil millones. Cifra que supone una reducción de 2.700 millones, el 23,5%, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. En el Informe de Recaudación Tributaria correspondiente al mes de agosto, Hacienda reconoce que esa reducción se reparte, entre otros, en 1.100 millones por la reducción del tipo del impuesto (del 30% al 28%) y 1.400 millones por la supresión del tipo mínimo del pago fraccionado.
El pago fraccionado es un anticipo que las Sociedades pagaban tres veces al año (abril, octubre y diciembre). Este pago generaba una liquidez que luego la Administración devolvía según las cuotas definitivas. En 2015, el Estado ingresó 18.449 millones por las entregas a cuenta que suprimió la reforma del PP. Se creía que la mejora de resultados equilibraría el resultado. Ni recaudación ni liquidez.
Si a los ocho meses se han ingresado esos cinco mil millones parece imposible cumplir la cifra presupuestada para el ejercicio: 24.868 millones. Pero lo que es más importante, si el coste de la supresión del pago fraccionado, transcurrida una de las tres entregas a cuenta, es de 1.400 millones, parece difícil alcanzar los seis mil millones que anunciara el ministro a Bruselas..
El decreto ley y el futuro
Lo que pretende el decreto ley no es un cambio del impuesto, sino recuperar el pago fraccionado. Como existen serias dudas de que se alcance la recaudación prevista, expresadas entre otros por la Autoridad Fiscal Independiente, el Gobierno pretende subir la entrega a cuenta hasta casi el doble (23%) de la tasa mínima suprimida (12%).
El Gobierno busca ocho mil millones que, sumados a los dos mil que ha retirado del presupuesto, le permitan recortar en un punto el déficit público de este año. Para aumentar la potencia recaudadora se prevé que la medida afecte a las empresas con más de diez millones de facturación, frente a los veinte previstos y, especialmente, que la Banca y el sector eléctrico aporten más, aplicándoles un tipo de pago superior. También se espera que la restauración del pago fraccionado sea permanente.
El temor de las empresas no solo es que se les drene una liquidez que necesitan sino que este pago fraccionado no solo sea permanente, que se traduzca en un posterior aumento del impuesto. Tendría poco sentido limitarse a ganar liquidez para devolverla al año siguiente y atrasar el déficit un año.
Un impuesto en crisis
En el año 2006, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades alcanzó su máximo histórico: 41.674 millones; en 2015 fueron 20.649 millones, una caída de la mitad en nueve años. Con un aumento de los resultados del 24% en 2014, los ingresos tributarios solo crecieron en 2015 un 10%. En el caso de los pagos fraccionados, la devaluación del impuesto es similar: con un resultado contable el año pasado que creció un 23%, la base del impuesto solo ha crecido un 5,3%
Tanto desde la OCDE como desde ámbitos próximos al Ministerio de Hacienda alertan sobre la necesidad de recuperar la potencia impositiva, incluido este impuesto. La propia Comisión Europea, poco propicia a hacer crecer la imposición sobre empresas, ha aprovechado la política de competencia para presionar la recaudación de las Sociedades.
Los decretos ley deben ser convalidados en el plazo de un mes. El Gobierno puede presentar la medida el próximo 15 de octubre, pero necesita la convalidación. El Gobierno ha incluido entre las medidas un mayor castigo a la banca y a las eléctricas para ganarse cierto apoyo de la izquierda. No obstante, no parece el patio muy propicio para un acuerdo parlamentario.
Miguel de la Balsa