Hablar de las pensiones en España a largo plazo remite al antiguo chiste español: Tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál prefieres primero? La buena es que el sistema, pese al evidente desequilibrio demográfico, será sostenible. La mala es que la relación entre la pensión media y el salario medio disminuirá de forma drástica. Esto es, que serán entre un 35% y un 50% más bajas que las actuales. Por tanto, la pregunta a largo plazo no es como hacerlas sostenibles, sino como conseguir que pierdan la menor cantidad de poder adquisitivo.
La preocupación por las pensiones se ha incrementado a medida que se han sucedido las noticias sobre su sostenibilidad. Según datos del propio CIS, la preocupación por ellas se ha multiplicado por tres desde el 2014, convirtiéndose en el séptimo problema que más preocupa a los españoles. La delicada situación actual y las dudas que genera en las décadas futuras ha obligado a los partidos políticos españoles a reunirse en el Pacto de Toledo.
A grandes rasgos, el problema que atraviesa el sistema en la actualidad es parecido al que padecerá en las próximas décadas: el número de cotizantes por pensionista es muy pequeño. Lo es ahora por el elevado paro –al que se le suma la devaluación salarial- y lo será en el futuro –con mayor virulencia- por el efecto demográfico, al que se añade una importante mejora en la esperanza de vida.
Los datos demográficos en las próximas décadas son tan inequívocos como fiables. La última proyección de población –la de 2016/2066- publicado por el Instituto Nacional de Estadística prevé que la población mayor de 65 años va a pasar de representar el 18,7% actual al 25,6% en 2031 y al 34,6% en 2066.
En otras palabras, el ratio se va a reducir hasta poco más de un cotizante por trabajador. En un sistema de reparto como el español –donde los trabajadores pagan a los pensionistas- ese ratio vuelve insostenible el sistema. Por tanto, si es el sistema es sostenible –como se ha dicho- pasa necesariamente por una reducción importante de la generosidad de los pagos.
La reforma que aprobó el PP, mucho más tarde que toda Europa, ajusta las pensiones por dos vías: en primer lugar, por el lado de los pensionistas al reducir la cuantía. En segundo lugar, por el lado de los cotizantes al retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años de forma progresiva.
El factor de sostenibilidad es clave
La regla que consigue hacer sostenible al sistema es el denominado factor de sostenibilidad, pero también es el mismo que lima los emolumentos. El fracaso de la reforma del PSOE obligó al PP a realizar una más seria pero también más severa. El primer paso, se dio tras consultar a un comité de expertos que desarrollaron una formula a través de dos componentes.
El primero, era el denominado Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), por el que los economistas preveían ajustar las nuevas pensiones. El factor adecua la pensión inicial con la esperanza de vida media. El Gobierno tomó la idea de los expertos que utilizará las previsiones de expectativa de vida calculadas por la Seguridad Social.
El segundo componente, denominado Factor de Revalorización Anual (FRA), se trata de un sistema de indexación. Los coeficientes se alcanzan tras una compleja fórmula pero no es más que una condición de equilibrio presupuestario. Estos es, que revalorizará las pensiones anualmente tras igualar los ingresos y los gastos. El Gobierno reformuló la idea la denomino como tasa de Revalorización de las Pensiones, está hace que cuando los gastos superan los ingresos las pensiones crecerán un 0,25, mientras que cuando registre superávit podría llegar al 0,5% más la inflación.
La clave de ambos procedimientos es que aúna factores ya utilizados en otros países para hacer del español un sistema sostenible. Por un lado, el factor intergeneracional corrige el sistema por el lado de la esperanza de vida como ya hacen Dinamarca o Suecia. Por otro lado, también lo corrige por la relación entre cotizantes y pensionistas como hace el sistema alemán.
Cómo complementar las pensiones
El objetivo de la reforma del PP se centra por tanto en que aunque el peso de la población jubilada crezca, no lo haga el peso del gasto sobre PIB. El sistema es sostenible pero no asegura una ‘jubilación digna’ entendida como lo es ahora.
El FEI según calculaban los mismos expertos supondrá una reducción de la pensión media de un 5% cada 10 años. Por su parte, la tasa de revalorización no contempla una reducción directa, pero si en diferido por el efecto de la inflación al desligar su crecimiento al IPC. Todo ello, hace que la pensión media puede perder entre un 35% y un 50% de la pensión media.
Las opciones para ello, pasan por tres vías: La primera, es añadir mayores incentivos para prolongar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. Dotar al sistema de más ingresos, ya sean impuestos o cotizaciones –la parte más complicada al reducirse el número de cotizantes, es decir pagadores netos-. Por último, complementar el sistema público con ahorro privado, un elemento que ya funciona satisfactoriamente en distintos países como Suecia.
En este último caso, es esencial que los trabajadores tengan toda la información posible. La cantidad que van a percibir en función de los años trabajados y cómo evoluciona en los años. Un ejemplo de ello sería el Orange Envelope que ofrece el gobierno sueco en el que describe sus opciones e incentivos bajo distintos escenarios. Por el momento, en España como ya paso con la reforma inicial va muy por detrás del resto de países.
Pedro Ruiz