FACUA denuncia que existen despachos de abogados que incurren en prácticas “nada transparentes” y que establecen condiciones “desproporcionadas”. La asociación de consumidores asegura que en algunos casos los bufetes hacen que el usuario les ceda las costas y el 20% del importe recuperado. Además, insiste en que también llegan a incluir cláusulas por las que el abogado se queda con la totalidad si lo recaudado no supera los 1.800 euros. “Despachos que llegan a quedarse con todo el dinero recuperado y también con las costas judiciales cuando el banco es condenado”, sostiene FACUA a través de un comunicado.
La asociación de consumidores afirma que tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que determina la retroactividad total en la devolución del dinero cobrado fraudulentamente con la cláusula suelo, es “desaconsejable” firmar acuerdos con abogados. “Por los que, a cambio de no adelantar el pago de ninguna cantidad, el usuario renuncie a recuperar las costas y se fije que el abogado se quedará con un porcentaje del dinero que se devuelva”, explica FACUA.
La organización sostiene también que hay abogados que incumplen la obligación legal de entregar un presupuesto previo por escrito. “Algo que en los casos en que no se ha producido condena en costas ha derivado en ocasiones en el pago de honorarios que han llegado a estar por encima del dinero recuperado en los tribunales”, añade. Por eso, FACUA quiere recordar que el usuario no sólo tiene que abonar los honorarios del abogado, sino también los del procurador, cuya cuantía, dice, debe pedir que se aclare desde el principio.
Transparencia
FACUA aconseja a los usuarios a pedir transparencia en los costes que les supondrá reclamar tanto extrajudicial como judicialmente el dinero pagado de más por la cláusula suelo y por los gastos de formalización de la hipoteca, tanto si contratan los servicios de despachos de abogados como si se ponen en manos de asociaciones de consumidores legalmente reconocidas. “En los últimos años se han producido abusos tanto por parte de determinados despachos de abogados como de supuestas asociaciones de usuarios con ánimo de lucro que mantenían oscuros acuerdos con la banca, como las del entramado Ausbanc”.
Aun así FACUA asegura que confía en que la mayoría de bufetes de abogados “actúa con seriedad y transparencia” pero exige contundencia a sus colegios profesionales en los casos que tengan conocimiento de irregularidades que perjudiquen a los consumidores y “ensucien la imagen de la profesión”.
Marina García-Rico