Cuando el Banco de España fue descabezado por las imputaciones de una parte de su equipo en el caso Bankia, el Gobernador anunció la redacción de un informe sobre la crisis bancaria. Ocho años después de la crisis, el Supervisor presenta su balance.
Se trata de 266 páginas notablemente farragosas y sin información especialmente novedosa que constituyen el relato del Banco de España sobre la crisis financiera y bancaria que llevó al rescate acordado con la Unión Europea en 2012.
Todos culpables menos el Supervisor
SI alguien esperaba una leve autocrítica del Banco de España sobre el retraso de medidas que corrigieran la deriva de la crisis habrá quedado decepcionado. Al contrario, considera un logro haber evitado la quiebra de numerosas instituciones financieras.
El informe del Banco de España no analiza responsabilidades. El texto de la entidad se limita a describir lo que ocurrió sin conclusiones, pero hay algunas excepciones.
Venganzas del Banco contra otros agentes y, con alguna vanidad, defiende su labor de supervisión. Entre 2007 y 2009 las entidades españolas apenas sufrieron presión en los mercados, “entre otros aspectos, por la práctica supervisora española”.
Le deja un mensaje poco discreto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la comercialización de productos de alto riesgo a clientes sin conocimientos financieros: “El caso español revestía la singularidad de que gran parte de estos instrumentos (83% del volumen invertido) habían sido comercializados entre inversores minoristas”, señala el BdE, que reconoce que fue “un problema de inadecuada comercialización de parte de estos instrumentos a clientes minoristas, que desconocían el riesgo que estaban asumiendo”.
El Banco de España critica la mala calidad de la dirección de las entidades. Sugiere el informe que para forzar la salida de los directivos era necesario inyectar capital para que el Estado se quedara en propiedad esas entidades y pudiese cambiar a sus responsables.
Los costes de la crisis
El informe desvela los costes en términos de capacidad del sistema financiero. Para equilibrar sus cuentas han sido necesarios más de 70.000 millones de los que se perderán prácticamente 60.613 millones. El Banco de España, según cifras del FROB, valora en poco más de 11.000 millones lo que recuperará por la privatización de Bankia, tras su fusión con BMN.
El número de cajas pasó de 45 en 2008 a 10 grupos, de los que 8 se han convertido en bancos; el número de oficinas se redujo un 32,3 %, hasta menos de 31.000 a cierre de 2015, y la cifra de empleados mermó un 27 %, hasta 197.825.
En ese tiempo, el Banco de España destaca el esfuerzo para sanear los balances con dotaciones cercanas a 300.000 millones, el 28 % del PIB.
Las pérdidas del rescate
Se perderán finalmente 60.600 millones de euros, el 80% de los 77.000 millones inyectados. Esta cuantía se financió por dos vías: una parte fue dinero público de los contribuyentes, que se canalizó a través del Frob y otra, aportaciones de la banca al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). En total, el Frob inyectó 56.800 millones de euros, de los cuales el Banco de España estima que se perderá en torno al 70%. Lo que no iba a costar ni un euro serán finalmente 39.500 millones de euros que no se recuperarán.
En cuanto a la participación del FGD, que se financia con aportaciones de la banca, ascendió a casi 22.000 millones de euros. De este dinero se perderá finalmente algo más del 90%, en un agujero que asciende a 21.000 millones de euros.
Las causas de la crisis
El Banco de España considera que el modelo de financiación de la burbuja inmobiliaria –recursos a mayoristas (crédito bancario) frente a depósitos– hacía muy vulnerables a las entidades, principalmente a las cajas de ahorros. No explica en ningún apartado las consideraciones o recomendaciones que el supervisor hiciera, si lo hizo, a estas entidades.
El Banco de España presume, al contrario, de que el sector financiero español resistió «razonablemente bien» los primeros efectos de la crisis en 2007, pero no soportó las tensiones financieras de la crisis en 2009. Reconoce, eso sí, el fracaso de las fusiones frías (integración de cajas de distintos territorios) y la necesidad de ayudas públicas, para evitar liquidaciones, para lo que se creo el Frob, momento en el que preparó el rescate y el saneamiento de los activos tóxicos de las entidades, a través de la Sareb.
El aumento de deuda pública que han provocado las intervenciones se cifraba, a finales de 2015, en 50.312 millones. Esta cifra es menor que los costes de la intervención en la medida que no incluye las cantidades transferidas por los fondos de garantías antes del rescate de 2012.
Miguel de la Balsa