El nuevo informe presentado por el Tribunal de la Unión Europea no ha gustado al colectivo de agricultores. Tras años de lucha contra las prácticas abusivas en la cadena agroalimentaria, los productores se confiesan “estupefactos” ante un informe que va en contra de las políticas que está fomentando la propia Unión Europea. Tras conocer el informe, publicado el viernes por el abogado general de la UE, Henrik Saugmandsgaard, el colectivo de pequeños Agricultores y Ganaderos ha mostrado su gran descontento. Dicho informe considera contraria al Derecho de la UE la legislación española que prohíbe las ventas a pérdidas.
En España, vender productos por debajo del precio de compra es una práctica prohibida por la Ley de Comercio Minorista establecida desde 1996 para asegurar un buen funcionamiento de la cadena comercial, evitando prácticas engañosas, abusivas y de posición de dominio. Esta legislación ha sido revisada y actualizada en varias ocasiones, siendo la última de ellas en marzo de 2016.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganadores (UPA) ha calificado este informe como “muy negativo” para los trabajadores de este sector que llevan años concienciando a los gobiernos de la necesidad de respetar a los productores en la cadena alimentaria. Para ello piden una aplicación correcta de esta prohibición para que su uso no sea desigual en función de las distintas Comunidades Autónomas como ha estado siendo hasta ahora. Los agricultores consideran que detrás hay «intereses ocultos» y que «no representa a nadie», además de ir en contra de las políticas de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de las demandas de toda la sociedad civil, incluidos los productores y consumidores.
Según la UPA, «no se puede consentir que un organismo europeo defienda a unos pocos frente a la mayoría y fomente el abuso en la cadena comercial. No vamos a aceptar que ahora se pongan en entredicho los avances de los últimos años en pos del reequilibrio de la cadena agroalimentaria en España y en toda Europa”, añadía. A su vez, la UPA ha puesto en marcha una medida para pedir al Parlamento Europeo que si la directiva de la UE –pendiente de revisión- no es lo suficientemente firme en su prohibición de la venta a pérdidas, se reforme para que quede claro el objetivo de luchar contra estos abusos.
La Directiva 2005/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a con las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, debería haberse revisado en 2011. Ante esto, la asociación de agricultores plantea la necesidad de que el Gobierno emprenda una acción pro activa para modificar esta legislación e incluir dentro de las prácticas abusivas la venta a pérdidas.
Por otro lado, y ante la posibilidad de que el Tribunal de la UE se alinee con las tesis del Abogado General, la UPA considera preciso plantearse a nivel nacional ampliar las prácticas abusivas y prohibidas recogidas en la Ley de la Cadena Alimentaria. Así, al tener por objeto el reequilibrio de la cadena y la mejora de su sostenibilidad, no es de aplicación la directiva 29/2005. Por tanto, se hace preciso promover “con urgencia” la modificación de la Ley de la Cadena que, según Saugmandsgaard, protege a los consumidores y, por tanto, debería respetar lo que la marca la Directiva 2005/29, mientras que la Ley de la cadena protege a los competidores, con lo que no sería de aplicación esta Directiva
Rocío Morales