Ha sido la “happy semana” de Montoro. El reprobado ministro ha repartido inesperados regalos en vísperas de la negociación del techo de gasto en 2018: regalos fiscales en el IRPF, pactados con Ciudadanos; liberalización de déficit en CC.AA, pactados con las Comunidades Autónomas, incluída alguna abstención socialista y, finamente, una aportación de 28 249 plazas de empleo público, pactadas con los sindicatos.
Dicho de otra manera, Montoro ha dado por cerrada la crisis del sector público español. Mantiene el gasto en materia de empleo, cierto, pero desaparece el crecimiento cero, retorna la tasa de reposición (la sustitución obligatoria de empleo jubilado) y trata de reducir una temporalidad e interinidad que alcanza al 23% del empleo público.
Es importante señalar que las plazas deben estar dotadas; es decir, el crecimiento de empleo será bastante menor que esa cifra y no hay estabilización inmediata para los temporales, con alguna excepción, que deberán presentarse a procesos selectivos.
Las jubilaciones y la temporalidad son los determinantes de la oferta pública de empleo. Las plazas ofertadas se corresponden con este año y el que viene. Montoro ha afirmado que las plazas correspondientes al año próximo podrían convocarse este mismo año. En definitiva, hablamos de casi 15.000 empleos en cada uno de los dos próximos años.
El envejecimiento de la Administración
El porcentaje del personal de los Ministerios con más de 50 años se acerca al 63%, veinte puntos más que cuando se inició la crisis. Los mecanismos de envejecimiento han sido dos: el despido de empleo temporal y la no sustitución del empleo jubilado.
EL número de funcionarios en el resto de las Administraciones públicas, el porcentaje ha pasado del 20% al 40%. En suma, más de medio millón de trabajadores públicos tendrán que jubilarse en los próximos quince años.
En definitiva, las administraciones están condenadas a amplios procesos selectivos. Esta es una de las claves que han impulsado la recuperación de la llamada “tasa de reposición”, es decir la sustitución obligada de el empleo jubilado.
Se declara el 100% de la sustitución para los denominados sectores prioritarios, educación, sanidad, lucha contra el fraude fiscal y laboral, Justicia, fuerzas de seguridad o administración penitenciaria. Tres nuevos sectores se añaden este año a la lista de prioritarios: atención al ciudadano en los servicios públicos, prestación directa del servicio del transporte público y Seguridad y Emergencia, por lo que la oferta ordinaria es un 24% superior a la del año pasado. En el resto de sectores, la tasa de reposición queda en el 50%.
Temporales e interinos
El mantra es la “estabilización”. Es decir, reducir hasta el ocho por ciento la actual tasa de temporalidad del 23% en la Administración.
De las 15.998 plazas que componen la oferta ordinaria de empleo público aprobada este viernes, 10.323 son plazas de turno libre y 5.675 son de promoción interna.
La promoción interna es donde los interinos y temporales fijan sus esperanzas de estabilización. Algunos colectivos, por ejemplo los policías locales (que se supone no podían ser interinos) podrán tener una amplia tasa de estabilización. Por el contrario, los sindicatos se quejan de que hay demasiada oferta libre para el C1 – los puestos menos cualificados, donde aspiran a mayor promoción- y otros como los denominados “interinos longevos” que reclaman, tras años de renovaciones continuas, una solución de empleo extraordinaria.
Interinos longevos
Manuel Martín García, de la Asociación Nacional de Interinos Laborales, lleva años impugnando los acuerdos marco que suscriben Administración y Sindicatos mayoritarios y que no dan respuesta a la “estabilidad” de los interinos. Recuerda Martín que los contratos no pueden superar los tres años y que desde 2008 – tiempo sin convocatorias de promoción- llevan muchos interinos en “situación ilegal y con sus derechos vulnerados”. “Hay en la asociación interinos desde el año 1994” declara en un video difundido a los asociados.
Manuel Martín que reconoce la necesidad de los procesos selectivos, defiende, también, que “a situaciones extraordinarias” corresponden “soluciones extraordinarias”. Declara en ese sentido su voluntad de volver a impugnar ante la Audiencia Nacional, donde ya ha impugnado el Acuerdo Marco vigente entre Administración y Sindicatos, el artículo 19 de la actual ley de presupuestos donde se recogen las citadas tasas de reposición y se legitiman las Ofertas Públicas de empleo.
Montoro se abre a la política salarial
Dar por cerrada la crisis en el sector público tiene una segunda consecuencia: puede concluir la congelación salarial que el empleo público ha sufrido durante el largo periodo crisis.
El Ministro propone, no obstante, un criterio distinto al del IPC o la productividad para los incrementos salariales, defiende que para la función pública el criterio debe ser el crecimiento económico. Bueno para los años de bonanza y malo para los años de crisis.
Miguel de la Balsa