La Confederación de Cámaras de la Propiedad Urbana y Asociaciones de Propietarios de Fincas Urbanas, insta al Gobierno a eliminar definitivamente el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la popularmente conocida como «plusvalía municipal». Esta asociación representa a más de 160.000 propietarios del país. Se trata de un organismo sin ánimo de lucro e independiente de los poderes públicos, organizaciones de trabajadores y partidos políticos.
La Confederación toma esta determinación tras la publicación de tres sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma regulada que faculta a los ayuntamientos a cobrar el IIVTNU, para los supuestos en que no hay incremento de valor. «Es urgente que el Gobierno regule adecuadamente esta forma de financiación municipal mediante un sistema justo que tenga en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo y que sea aplicable de forma progresiva, sin vulnerar el artículo 31 de la Constitución Española», ha declarado Miguel Ángel Sánchez Fraile, secretario general de la Confederación.
Sánchez Fraile continuó explicando: «Este impuesto, que ha sido fundamental en la financiación de los ayuntamientos, sobre todo desde el inicio de la crisis y la consecuente bajada de recaudación derivada de la promoción y construcción de vivienda, adolece de graves defectos, ya que no distribuye riqueza(…) no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente; se aplica de forma automática y objetiva con una fórmula de cálculo también muy cuestionada(…) y puede llegar a tener carácter confiscatorio».
La Confederación entiende que es «necesaria una modificación radical de este impuesto» y plantea su desaparición total con efectos inmediatos, así como la regulación de un sistema adecuado para los supuestos en que ya se haya devengado el mismo. «Abogamos por la desaparición de este impuesto, lo que no significa que los ayuntamientos se queden sin ingresos por este concepto, pero sí que deban ser calculados de otra forma».
Según explican, lo más adecuado es una compensación desde el Gobierno Central; es decir, los ayuntamientos no entrarían a recaudar ni regular las plusvalías, pero sí recibirían del Estado el importe que resultara de la declaración de las mismas en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades. «Esta sería la forma de cumplir con el artículo 31 de la Constitución y los principios que proclama» sentencia Sánchez Fraile.
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