Los algoritmos afirman haber nacido para poner a los mercados a favor de los consumidores, que usan la tecnología para comparar precios y encontrar los más competitivos.
Sin embargo, los algoritmos plantean nuevos desafíos a legisladores, los reguladores y las autoridades de competencia. Con los algoritmos, las practicas de chivatazo que, por ejemplo, sigue la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el llamado programa de clemencia, – denuncias, a cambio de perdonar multas-, ya no funcionan en el mundo del comercio y la compra electrónica.
Cuando se usan algoritmos es mucho más fácil que los precios varíen según el cliente o grupo de clientes. Ya hay pruebas de que empresas como Uber y Amazon han intentado este tipo de discriminación de precios, lo que pone discriminar, también a personas, por ejemplo en la llamada “tasa rosa” que afecta a las mujeres.
También hay evidencias de que cuando dos empresas venden un producto similar, los algoritmos convergen marcando un precio que crece exponencialmente, generando beneficios a las compañías que operan en el mercado.
El efecto de los algoritmos
El uso de algoritmos es un problema que nos afecta más a medida que los sistemas, especialmente en el mundo de la inteligencia artificial, no son claros y transparentes ni controlados por reguladores o personas.
En un mundo digital en crecimiento, los algoritmos se utilizan para tomar decisiones en una gama cada vez mayor de contextos. Cómo se formula un algoritmo, su alcance para el error o la corrección, el impacto que tiene en un individuo o en los distintos mercados, ha sido la razón por la que el parlamento británico lleve un año afrontando una investigación.
El Comité sobre Robótica e inteligencia artificial está debatiendo sobre estos algoritmos. Este mismo mes de Febrero se han hecho públicas las actas de algunas de sus reuniones.
Los parlamentarios británicos dudan sobre si existen herramientas legales, a partir de la legislación de la protección de datos, a pesar de que la reguladora inglesa lo considera suficiente.
No obstante, Elizabeth Denham considera que “es necesario acordar protocolos con las distintas organizaciones para garantizar que puedan innovar, proteger la equidad y construir sus algoritmos de tal manera que no sean tendenciosos ni discriminatorios”.
Los economistas empiezan a preocuparse del efecto de los algoritmos sobre la fijación de precios. Prácticamente en las mismas fechas en las que el parlamento británico se reunía, se presentaba un trabajo, publicado en el blog “Nada es Gratis” por el profesor Damián García, que trabaja en la Universidad de Viena.
El economista español advierte como, con voluntad o sin ella, quienes usan algoritmos pueden establecer una cooperación entre empresas con el resultado de aumentar precios que, de otro modo, serían más bajos.
Ya no nos sorprende que la CNMC nos advierta, de vez en cuando, a través de expedientes y sanciones, del hecho de que responsables de distintas empresas en el mismo sector establecen un acuerdo para aumentar precios, por encima del nivel competitivo y garantizarse un nivel de beneficios más altos. Un fenómeno que se conoce con el nombre de colusión.
Toda norma regulatoria o española prohíbe estas prácticas que, no obstante, suelen requerir unas evidencias que los reguladores no siempre aportan. Una razón, entre muchas otras, por la que el nivel de éxito jurídico de la CNMC es más bien escaso.
¿Qué cambia en el caso de empresas que utilizan algoritmos?, se pregunta el profesor García. En primer lugar, “los algoritmos no deciden ni acuerdan ni se comunican, pero los algoritmos sí pueden entender que existe una relación causal entre sus precios actuales y sus precios futuros”, se afirma en el trabajo citado.
Basta, dice Damián García, con que el algoritmo incluya la historia de precios de todas las empresas del mercado para que la “inteligencia” observe que los otros precios reaccionan de la misma manera y generan beneficios.
O sea, que los algoritmos son intangibles pero no incapaces de acordar y manipular precios que es lo que la colusión supone en la economía de los comportamientos reales.
Como están investigando los diputados británicos, lo que ocurre es que la legislación actual de protección de datos y del mercado no permite acusar a los directivos de prácticas de colusión si utilizan algoritmos.
Optimismo regulador
Como hemos visto, la responsable de la regulación de datos británica no era pesimista; tampoco lo es el economista español. Una y otro creen que los algoritmos son “más fáciles de combatir que sus antecesores humanos”.
Lo único que debe hacer un juez es saber como interrogar a un algoritmo, al parecer este tiene una ventaja: no miente. El problema es como enseñarle a un juez a interrogar a un algoritmo.
Los algoritmos “pueden, y seguramente, tiendan, a fijar precios” mediante prácticas irregulares. Lo que los reguladores y economistas que han enfrentado el asunto sostienen es que los recursos jurídicos ahora no nos defienden.
Miguel de la Balsa