Mediante una orden ministerial, se establecerá una comisión máxima de 3 euros mensuales, lo que supone un abaratamiento respecto al coste medio de este servicio en la actualidad.
Este importe cubrirá todos los servicios de la cuenta, con un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales, según explican fuentes de este departamento.
No se fijará ninguna limitación para otras operaciones como la retirada de efectivo o los pagos con tarjeta de débito, añaden.
Además, se regulará el traspaso de cuentas entre entidades para que sea más sencillo y gratuito, se establecen los requisitos adicionales que han de cumplir los sitios web de comparación de cuentas de pago.
De esta forma, según ha avanzado Calviño en una entrevista en la Cadena SER, se completa la transposición de una directiva comunitaria sobre cuentas de pago, que se había incorporado a la normativa española en su mayor parte a finales de 2017.
Adicionalmente el Ministerio de Economía saca a consulta pública un real decreto que va más allá de la directiva, al establecer que los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social puedan acceder a una cuenta de pago básica de forma gratuita.
Para determinar si un ciudadano se encuentra en situación de vulnerabilidad se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), en línea con lo previsto para la asistencia jurídica gratuita.
Las entidades financieras deberán informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación.
Redacción