Mora, contra la que no se dirige la Fiscalía, se enfrenta a penas de hasta 12 años de prisión solicitadas por las acusaciones particulares y populares por estafa a inversores y falsedad contable.
En respuesta a su abogado defensor, la expresidenta del Comité de Auditoría ha relatado que el FMI, que «viene a España cada cinco años», hizo público un informe dando a entender, sin citar directamente a Bankia, que «el grupo necesitaba fortalecer sus balances», algo que afectó de lleno a la cotización en Bolsa.
Aparentemente, ha explicado, la información de la que disponía el FMI procedía del Banco de España, pero ni el consejo de administración ni el comité de auditoría estaban al tanto de ninguna circunstancia que pudiera llevar a pensar que había algún problema.
Al igual que hizo la semana pasada durante el interrogatorio al que la sometió la fiscal Carmen Launa, Mora ha cargado contra el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, que también se sienta en el banquillo de los acusados.
Según ha relatado, ninguno de los funcionarios e inspectores del Banco de España ha confirmado que Celma les informara de problema alguno en Bankia; «nadie del Banco de España ha declarado que el auditor hubiese cumplido con su obligación de decirlo, no ya a nosotros, sino a la propia inspección del regulador».
Asimismo, ha explicado que rechazó la reformulación de cuentas porque ese proceso se puede hacer «cuando hay errores, o datos nuevos de los que no se disponía con anterioridad», como hubiera sido el caso si se hubieran facilitado «nuevas y distintas» tasaciones de activos inmobiliarios, pero no por cambios en las estimaciones o por un cambio en el contexto macroeconómico o normativo, como sostiene el socio auditor.
En el momento de la reformulación de las cuentas de 2011, ya en 2012, no se disponía de los datos de tasaciones de activos inmobiliarios, aunque Francisco Celma explicó que «lo que hay son cambios en la estimación»; lo que viene a decir Celma, ha añadido, es que «los denominados ‘decretos Guindos’ cambiaban el marco normativo, y de ahí el cambio de estimaciones.
Sin embargo, Mora sostiene que los decretos eran para aplicar en 2012, «y no con carácter retrospectivo, por lo tanto no podían tener efectos en las cuentas de 2011».
El director de control interno, Miguel Ángel Soria, el interventor de Bankia, Sergio Durá, «todos coinciden», no había nada irregular en las cuentas que se revisaban mensualmente.
Redacción