Durante la prueba conjunta que celebra la sección cuarta de la sala de lo Penal, tanto los expertos de BFA-Bankia como los del expresidente del grupo Rodrigo Rato han avalado la calidad de los datos contenidos en el folleto de la operación, incluidos los riesgos y las cuentas que se emplearon en él, ya que «no hay evidencias» de que no reflejaran la situación real.
El catedrático Miguel Ángel Tapia ha rechazado la versión de los peritos judiciales, cedidos a la causa por el Banco de España, y ha negado que la entidad ocultara deterioros no contabilizados en los estados que entregó a sus accionistas.
Por este motivo, ha querido normalizar el descuento del 74 % en el precio de salida de los títulos, que finalmente debutaron a 3,75 euros el 20 de julio de 2011.
«O bien todo el mundo estaba ciego o no había nada oculto», ha espetado Tapia, para quien no tiene sentido sospechar de posibles deterioros sin registrar, tal como sostienen los expertos judiciales, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, pues «los inversores institucionales los habrían intuido».
Por su parte, su compañero Juan Zornoza ha defendido que el Consejo de Administración de Bankia aceptara saltar al parqué a ese precio porque, de no haberlo hecho, «en vez de captar 3.092 millones, se habrían captado cero».
Y es que, «como los futurólogos no abundan, cuando uno tiene que elegir entre dos decisiones que no son las mejores, se hace lo que se piensa que es lo correcto».
Como sucediera en la sesión previa, las partes se han referido al folleto informativo del debut bursátil, un documento en el que la CNMV «fue especialmente exigente» y en el que, según los peritos de BFA-Bankia, el grupo «reconocía sus propias debilidades».
Sin embargo, en opinión de Busquets «el inversor no podía hacerse una idea cabal de lo que estaba comprando» en tanto que la información contable «no era correcta».
Busquets y Sánchez Nogueras comparecen a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, que pide entre cinco años y dos años y siete meses de cárcel para los antiguos gestores de Bankia (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) por presunta estafa a inversores.
Delito al que suman el de supuesta falsedad contable las acusaciones particulares y populares, como la que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que solicita hasta doce años de prisión para una treintena de exdirectivos del grupo financiero y el socio auditor.
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