«El Ministerio de Economía tendrá que hacer las previsiones de IPC para ver cuál es el previsto para el año que viene, una vez que ese dato esté se podrá actuar en consecuencia, todavía no lo sé», ha apuntado en declaraciones a los medios Valerio tras participar en un acto en UGT.
«Lo razonable es que sea una media del año», ha añadido después Valerio en alusión a los posibles descuadres que se producen luego entre el IPC previsto y el real de cada año y que se compensan a principios del año siguiente en la conocida como «paguilla».
«Aún no sabemos la previsión de IPC para 2020», ha insistido la ministra que ha pedido no adelantar acontecimientos porque en diciembre puede que haya ya un Gobierno «en plenitud de funciones».
En caso contrario, Valerio ha recordado que existe la figura del real decreto-ley y que el Ejecutivo en funciones ha usado, por ejemplo, en el caso de las ayudas por la quiebra de Thomas Cook.
«Existe la figura del real decreto-ley, ahí está la ley del Gobierno que dice que en supuestos de urgente necesidad o por razones de interés general se puede utilizar la figura del real decreto-ley», ha explicado.
«El Gobierno en funciones dentro de lo que permite la normativa vigente obrará en consecuencia pero no nos adelantemos a los acontecimientos», ha añadido.
Valerio también ha recordado que la intención de subir las pensiones de acuerdo a la inflación era algo que iba en todos los programas electorales del PSOE.
«No es algo novedoso, parece como si fuera algo extraño», ha afirmado la ministra en alusión al anuncio hecho ayer por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
«Yo no sé por qué ha causado tanto impacto», ha subrayado.
Valerio también ha recordado que en el Pacto de Toledo hubo un preacuerdo para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.
«Yo supongo que tampoco los demás grupos políticos pondrían ningún problema para que esto fuese así», ha apuntado Valerio que ha recordado que las subidas de pensiones afectan a unos 10 millones de personas.
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