El documento, fechado el 25 de noviembre de 2016, llegó poco antes del consejo extraordinario del 1 de diciembre en el que el Banco Popular aprobó el relevo de Ron por Emilio Saracho.
El BCE valora que, tras detectar debilidades e incertidumbres, la entidad decidiera llevar a cabo la operación para resolverlos.
A esta misiva se refirió en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional el exvicepresidente Roberto Higuera esta misma semana, para afianzar la tesis de que la ampliación de 2.500 millones era suficiente, a pesar de que Saracho considere ahora que eran necesarios 8.000 millones.
En la carta, que se enmarca dentro del proceso ordinario de supervisión al que estaba sometido el banco, el BCE reconoce que se habían puesto en marcha «mecanismos, estrategias y procesos sólidos, efectivos y completos» para asegurarse los niveles correctos de capital y de liquidez.
En concreto, una ratio de capital principal del 13,11 % a cierre de 2015, por encima del 10,5 % mínimo requerido.
Además, constata que, tras detectar una serie de factores e incertidumbres que podían afectar negativamente a su rentabilidad, el banco se aseguró 2.500 millones de euros de capital con la ampliación de junio de 2016, lo que unido al aumento de las coberturas y a más de 4.400 millones de provisiones implica que «ha abordado o está en proceso de abordar» dichos inconvenientes.
Entre los factores adversos a los que se refiere el BCE figuran el contexto económico, el entorno de bajos tipos de interés y las decisiones judiciales sobre las cláusulas suelo.
Pero el organismo no cuestiona en ningún momento el monto de la ampliación de capital, los 2.500 millones de euros.
Aunque advierte sobre posibles riesgos, como la elevada exposición al riesgo crediticio, la clasificación de créditos dudosos o el propio modelo de negocio, basado en la concesión de préstamos a particulares y pymes, el BCE admite a continuación que el importe y la distribución del capital del banco son, «en términos generales», adecuados para cubrir la naturaleza y el nivel de riesgos a los que «está o podría estar expuesto».
Por lo que respecta a la liquidez, también se destacan las estrategias y políticas con los que la entidad puede identificar, medir, administrar y monitorear el riesgo de liquidez «en un conjunto apropiado de horizontes temporales».
La ampliación de capital de 2016 ha centrado buena parte de las declaraciones de los exdirectivos del Popular que han pasado, a partir de primeros de octubre, ante el titular del juzgado central de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, que investiga la resolución del banco.
Ante el juez José Luis Calama, Roberto Higuera aseguró que la ampliación de capital -en la que invirtió un millón de euros-, estaba «garantizada» por los bancos colocadores y con la asesoría legal de Linklaters, que en aquel momento lideraba el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella.
Pero para Emilio Saracho la operación se quedó corta y fue un fracaso, además de que asegura que hubo instrucciones verbales para colocarla entre clientes, lo que en la práctica implicaba que la ampliación de capital se financiaba con dinero del propio banco.
En su carta, el BCE se limita a valorar la operación sin entrar en su cuantía, aunque en un apartado hace referencia a la independencia de algunos miembros del consejo de gobierno.
Si bien «en general», este órgano «cumple formalmente con los requisitos adecuados», señala, «numerosos directores independientes habían tenido antes de su nombramiento relaciones previas con la entidad, sus principales accionistas o algunos con una influencia relevante sobre la Sindicatura».
De ahí que, en opinión del BCE, el grado de independencia de los respectivos directores se considere «potencialmente sesgado», por lo que recomienda «mejorar la selección de directores independientes, de modo que los potenciales candidatos no tengan relación previa con el grupo o sus principales accionistas».
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