Según han informado fuentes jurídicas, la sección segunda de la sala de lo Penal ha rechazado el recurso de apelación de los taxistas, con lo que confirma el auto del pasado octubre en el que la magistrada advertía de que las acusaciones contra los vehículos de alquiler con conductor (VTC) partieron de una «premisa falsa, la de considerar que se ha producido en un mercado libre y carente de regulación».
La sala reitera los argumentos de Tardón, que descartó que Cabify y Uber manipularan el precio de los servicios a su antojo porque «en este sector de transporte de viajeros de movilidad urbana no hay libre competencia», ya que «es la Administración la que fija las condiciones y las tarifas».
El pasado junio la juez comenzó a estudiar la querella presentada por más de 2.000 taxistas de toda España, coordinados por la asociación Plataforma Integral del Taxi (PIT), contra el fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, y otra treintena de directivos y empresas «uvetecistas» por ocho presuntos delitos, desde la estafa masiva al blanqueo.
Los querellantes, asesorados por el exjuez Elpidio Silva, atribuían a las compañías una posible alteración de precios mediante engaño, y administración desleal, además de presuntos delitos fiscales y contra el derecho de los trabajadores.
Denunciaban la creación de una «burbuja descomunal en el mercado de autorizaciones de manera concertada y dolosa» en la que Uber y Cabify «utilizan a diversas empresas de VTC, ya que en realidad aquellas no son meras plataformas de intermediación con los usuarios».
Este hecho habría generado «una red de contratas y subcontratas que encubren una realidad de falsos autónomos» que, «pese a carecer de licencias de taxi, se han comportado como taxistas», circulando permanentemente por las ciudades en busca de clientes e «incumpliendo la normativa reguladora del transporte urbano de viajeros de naturaleza discrecional».
Dicho relato, sin embargo, no convenció a la Fiscalía, que solicitó que no se admitiera a trámite una querella de la que, según las mismas fuentes, se han ido desligando un número considerable de taxistas.
En su recurso, la Plataforma puso en duda la imparcialidad de la juez Tardón a la hora de llevar un caso en el que la acusación venía ejercida por Silva, suspendido de sus funciones en 2014 después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abriera juicio oral contra él por prevaricación durante su investigación al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
La titular del juzgado central de Instrucción número 3 fue apartada entonces de aquella causa tras conocerse que había formado parte de la Asamblea de la caja madrileña durante el mandato de Blesa.
Asimismo, los taxistas defendían que el auto de la instructora no se ajustaba a la realidad ya que en este ámbito concurre la libre competencia de precios, tanto respecto de las tarifas como del precio de transmisión de las licencias.
Ahora la sala desatiende esta versión y secunda la opinión del fiscal y de la magistrada, que aunque no descartó que la actuación de Uber y Cabify pudiera ser sancionada conforme a las normas de defensa de la competencia, aclaró que ese posible castigo quedaba al margen de su jurisdicción.
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