La Mesa del Congreso ha visto este jueves estos decretos ley, que tendrán efectos retroactivos al 1 de enero así como el decreto que actualiza los valores catastrales de 1.092 municipios y prorroga el impuesto de patrimonio en 2020, entre otros asuntos, y que fue aprobado por el Gobierno socialista en funciones.
Este decreto ley de medidas urgentes en materia de prórroga tributaria, catastral y de Seguridad Social estaba casi fuera de plazo para ser convalidado.
Entre las medidas que contempla figuran los coeficientes de actualización de los valores catastrales en función del último año de revisión para ajustarlo a su precio actual así como mantener en sus términos los umbrales para acceder al sistema simplificado de módulos por el que tributan algunos autónomos.
En el primer Pleno del Congreso de 2020, el nuevo Gobierno deberá conseguir también el apoyo suficiente para la aprobación de la subida del 2 % a los empleados públicos, que beneficiará a un colectivo de más de 2,5 millones de trabajadores y que tendrá un coste de 3.212 millones de euros.
El decreto ley, no solo recoge el incremento fijo del 2 % previsto para 2020, sino que también regula la subida variable de hasta el 1 % ligada al PIB y del 0,30 % destinada a fondos adicionales para la implantación de planes de mejora de la productividad o la eficiencia, entre otras medidas, previa negociación colectiva.
Por otra parte, el decreto ley de actualización de las pensiones con un aumento del 0,9 % este año, aprobado en el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno de coalición, beneficiará a 9.801.016 pensionistas que cobran las contributivas y supondrá un coste de 1.229 millones de euros.
El resto, 655.000 pensiones de clases pasivas, 451.156 no contributivas y 195.000 por hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65 %, apenas representarán un gasto de 177 millones.
Pendiente para otro Pleno se quedará el decreto ley que derogará el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permite el despido por bajas reincidentes en un periodo determinado.
La nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en los últimos días en que una de sus prioridades será la eliminación de esta norma que contempló la reforma laboral de 2012 aprobada por el gobierno del PP.
El artículo 52.d establecía que el contrato puede extinguirse por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses seguidos, siempre que las faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcancen el 5 % de las jornadas hábiles, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.
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