En un auto al que hemos tenido acceso, el magistrado le insta a que comparezca como «cualquier ciudadano, conjugando así sus responsabilidades profesionales con su deber de colaborar con la Justicia» acudiendo al juzgado, si bien deja la puerta abierta para que, de querer acogerse al derecho a declarar por escrito que le asiste como exmiembro del Gobierno, lo exprese «de forma taxativa».
Calama, que de momento mantiene la citación prevista para el próximo 2 de abril, «sugiere» a De Guindos, en línea con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que proponga una serie de fechas entre los próximos meses de marzo y junio en las que esté disponible para desplazarse a Madrid desde Fráncfort (Alemania), sede del BCE.
Y es que, a juicio del titular del juzgado central de Instrucción número 4, la prerrogativa que exime a las autoridades de «concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito», instaura un privilegio procesal que debe ser objeto de interpretación restrictiva desde una óptica constitucional.
No obstante, comunica al exministro que de querer acogerse a ella «deberá expresarlo de forma taxativa mediante el pertinente escrito».
A finales del pasado enero, De Guindos, que ya testificó por videoconferencia en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, pedía poder testificar por escrito en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Popular pues, dado su puesto en el BCE, «concurrir en persona» a la Audiencia Nacional conllevaría desatender sus «responsabilidades profesionales» durante, al menos, el día de su citación.
Por ello, suplicaba que se le remitiera «el correspondiente interrogatorio con los extremos a que deba contestar», un cuestionario que estará relacionado con los hechos «de los que pudiera haber tenido conocimiento» en su etapa al frente de la cartera de Economía y Competitividad.
El pasado noviembre, el juez Calama emplazó para esta primavera al vicepresidente del BCE, que como antiguo ministro de Economía tuvo que hacer frente a la resolución de la entidad el 7 de junio de 2017, ejecutada a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR) europea.
Dicha operación, que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada del banco, inició la batalla legal de los miles de accionistas del Popular, que actualmente pleitean, tanto ante la justicia española como comunitaria, para ser resarcidos.
Además de De Guindos, también han sido citados como testigos algunas de las principales figuras del panorama económico de aquel momento, como el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella; su predecesora, Elvira Rodríguez, y el exgobernador del Banco de España Luis María Linde, que declararán entre los próximos meses de marzo y abril.
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