Lo ha anunciado este martes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras el Consejo de Ministros que ha dado luz verde a un nuevo real decreto ley con medidas extraordinarias por el estado de alarma, entre ellas las destinadas a intentar cubrir el déficit de mano de obra agraria.
Cobrar el paro y recibir al mismo tiempo un jornal por trabajar temporalmente en labores agrícolas es algo «absolutamente excepcional» que durará hasta el 30 de junio, ha dicho el ministro, y está abierto a todos los desempleados salvo algunas excepciones, como los afectados por los expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentados en las últimas semanas debido al parón de la actividad.
Planas lo justifica en que ya tienen ayudas «propias a través de medidas sociales» que el Ejecutivo ha adoptado «en las últimas semanas».
Esa bolsa de empleo se quiere completar con residentes extranjeros legales cuyo permiso de trabajo concluya antes del 30 de junio, a los que se les renovará; o a jóvenes extranjeros de entre 18 y 21 años que tendrán más fácil obtener esos permisos para incorporarse a estas tareas.
El Gobierno pretende así cubrir entre 75.000 y 80.000 puestos de trabajo para asegurar las campañas y evitar pérdidas económicas, posibles complicaciones en la cadena alimentaria o una reducción de la oferta que pueda encarecer el producto.
Los contratos de trabajo se harán por escrito y tendrán que reflejar el salario recogido en los convenios colectivos referentes o, en todo caso, respetar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La gestión de estos contratos se encomendará a las propias empresas agrarias que efectuarán su solicitud de mano de obra en coordinación con los servicios autonómicos de Empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El Gobierno, además, ha decidido extender al Régimen del Mar la “flexibilización” aprobada la semana pasada para las actividades agrícolas y las culturales, dentro de los requisitos para ayudas a autónomos, previstas para paliar el impacto del coronavirus.
Dentro de la normativa se puntualiza el “alcance de la protección y la acreditación de los requisitos necesarios para percibir la prestación extraordinaria para autónomos (ingresos inferiores al 75 %) para actividades que obtienen ingresos de manera desigual durante períodos superiores al semestral”.
La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose en su caso hasta el último día que finalice el estado de alarma.
El Consejo de Ministros también ha actualizado la normativa sobre la moratoria de las cuotas para empresas autónomas y hacer frente al coronavirus, para incluir puntualizaciones.
Para el presidente de Asaja, Pedro Barato, «toda mano de obra es bienvenida» en un país donde, dadas las circunstancias, «vamos a llegar a cifras de algunos millones de parados».
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, considera «positivo» que el Gobierno flexibilice la contratación agraria de parados ante la falta de temporeros en el campo, por lo que la ve «absolutamente necesaria».
Para el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, puede ser una solución «importante» y aunque actualmente «no hay un problema real», «sí puede haberlo en 15 o 20 días».
Los sindicatos UGT y CCOO han advertido de que existe el riesgo de que no haya suficientes interesados en trabajar en el campo y lamentan que no se haya aprovechado la oportunidad para regularizar -aunque sea temporalmente- el trabajo de los miles de «sin papeles» empleados en este tipo de campañas de forma ilegal.
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