En su sentencia, la sala de lo Social entiende que la compañía «no quiso abordar un periodo de consultas» como exige la ley, motivo por el que ordena a la aerolínea, además, que efectúe «el abono inmediato» de los salarios que los afectados por este despido colectivo «dejaron de percibir desde la extinción del contrato».
En 2019, Ryanair anunció el cierre de las bases de Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, medida que también afectaba, en un primer momento, a la de Gerona; sin embargo, a principios de diciembre, optó por mantener esta última aunque con un funcionamiento estacional si los trabajadores aceptaban un cambio de contrato, que pasaría de fijo a fijo discontinuo.
Según defendió la aerolínea, los motivos eran la ineficiencia de estas sedes, el retraso de las entregas de los Boeing 737-MAX, el elevado coste de operaciones, así como en la incertidumbre ante el escenario posterior al Brexit y su impacto en territorio insular.
Sin embargo, la sala de lo Social considera que el procedimiento «estuvo presidido en todo momento no ya por la ausencia de buena fe de la empresa demandada, sino por una evidente mala fe patronal encaminada a cerrar las bases aéreas de las Islas Canarias, y a convertir la que explota en Girona en una base estacional al menor coste posible».
El tribunal indica que Ryanair «ha aprovechado la aparición de una circunstancia de marcado carácter temporal o coyuntural», la demora de los Boeing 737-MAX, para cerrar varios de sus centros de trabajo «sin referir» aspectos que sí justificarían la existencia de una causa productiva u organizativa para el despido colectivo.
Asimismo, destaca la «total falta de consideración» de los representantes de la empresa hacia los sindicatos, «evidenciada» en algunos detalles formales de la negociación.
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