En un comunicado, considera inadmisible que, mientras que para las compañías aéreas el sistema arbitral de consumo sea voluntario y no preceptivo, para los consumidores se pretenda convertir la reclamación administrativa en un requisito obligatorio, sin que puedan interponer demandas contra esas empresas.
De este modo, se opone a la pretensión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que, dice, sólo dejaría abierta la vía judicial en caso de recurso.
Según explica el Consejo de Consumidores y Usuarios, el CGPJ, que «considera que se trata de asuntos de ‘complejidad baja'», justifica su propuesta como un modo de aliviar la «elevada litigiosidad» en este sector, especialmente desde el inicio de la pandemia y las medidas de confinamiento.
Sin embargo, esta medida «no garantizará un trato igualitario a los clientes y supondría obstaculizar el derecho de acceso a la justicia» de los consumidores.
A su juicio, las iniciativas a adoptar deben pasar por intensificar la vigilancia e inspección de las autoridades sectoriales y de consumo, sancionando las malas prácticas de manera proporcional pero también disuasoria.
Asimismo, recuerda la necesidad de que, dentro del procedimiento sancionador, se cree un título ejecutivo que cuantifique el importe del daño por el que el denunciante deba ser resarcido.
El Consejo de Consumidores y Usuarios apuesta también por incentivar el sistema arbitral de consumo como vía extrajudicial de resolución de los litigios, lo que permitiría la adopción de decisiones vinculantes para empresas y clientes, contribuyendo a reducir en los juzgados el peso del «elevado volumen de demandas».
En todo caso, pide que en la adopción de estas medidas se garantice la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios.
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