«Esto aumentaría el riesgo de que el crecimiento económico sufriera daños más duraderos», ha dicho durante su comparecencia en la comisión de Economía del Congreso en la que también ha dicho que hay que dar apoyo a las rentas y a la liquidez de los agentes más afectados, mediante inyecciones rápidas de recursos de naturaleza transitoria.
En este sentido ha incidido en que «no hay alternativa sensata a la expansión presupuestaria» y ha abogado por una acción fiscal focalizada y rotunda en el corto plazo para preservar el tejido productivo que hará que el servicio de la deuda sea menos oneroso en el futuro.
Asimismo ha señalado como razonable que se pueda explorar en un marco internacional la imposición sobre algunas empresas multinacionales.
«Parece razonable continuar explorando de manera coordinada a escala internacional algunas vías de reforma impositiva que han sido objeto de debate en tiempos recientes, como la relativa a la revisión de la imposición que recae sobre algunas empresas multinacionales, con el fin de evitar la utilización de estrategias agresivas de planificación tributaria para trasladar sus bases impositivas a aquellas jurisdicciones en las que la tributación es más reducida», ha incidido.
El gobernador ve margen para mejorar la capacidad recaudatoria de los impuestos y su eficiencia, que -en su opinión- «deberá ser una prioridad» y en este sentido señala que la comparación con el resto de los países europeos puede servir de guía.
Ha apuntado a la revisión de los numerosos beneficios fiscales existentes que está realizando la AIREF y que «debería servir para racionalizar su uso».
Y es que ha incidido en que la contrapartida necesaria de «este activismo fiscal frente a la pandemia» es el anuncio temprano de una estrategia de reducción de los desequilibrios fiscales con el fin de continuar con la consolidación fiscal y la reducción del déficit.
Hernández de Cos ha calculado que el coste de todas las medidas aprobadas hasta el momento sin tener en cuenta los avales del Estado a través del ICO es del 3 % del PIB, de un entorno de 30.000 millones de euros y ha advertido de que la magnitud del reto de la reducción del déficit público es «significativa».
«Las estimaciones disponibles muestran que nuestro país ha entrado en la crisis con un déficit estructural elevado, en el entorno del 3 % del PIB», ha dicho al tiempo que ha recordado que será mayor porque el incremento de la deuda pública previsto como resultado de la actual crisis provocará también un aumento de la carga de intereses.
«Es probable que la pandemia aumente la demanda estructural de un capítulo de gasto básico para el bienestar como es el sanitario. Y el gasto en pensiones experimentará incrementos en los próximos años, como consecuencia del efecto combinado del envejecimiento de la población y de la suspensión de la aplicación del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad», ha señalado.
Asimismo otras medidas aumentarán el nivel de gasto de manera permanente, como la introducción de una renta mínima.
Sin embargo, para Hernández de Cos es aconsejable preservar los recursos destinados a capítulos como la educación y la investigación.
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