Esta cantidad mínima se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulto o niño, hasta un máximo de 1.015,3 euros, en tanto que se establece un complemento adicional de 100 euros para las situaciones de monoparentalidad.
En rueda de prensa, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha hecho hincapié en que «nace un nuevo derecho social en España», que supone «tomarse en serio de verdad el mandato constitucional» porque «no hay libertad si no se llega a final de mes».
Será una prestación de la Seguridad Social con un coste anual de unos 3.000 millones de euros que podrían llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.
El 16 % de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, de los que 9 de cada 10 están encabezados por una mujer.
Se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese momento hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a todas las personas que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo.
Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde 18 años si hay menores a cargo, que lleven al menos un año de residencia legal en España.
El IMV cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar (incluidas las salariales) y el umbral fijado para ese tipo de hogar.
Iglesias ha explicado que la inclusión de las rentas salariales permite evitar la llamada «trampa de la pobreza», situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre aceptar un empleo o mantener una prestación social.
Además de analizar las rentas, el IMV también hará un test de riqueza para comprobar que el beneficiario no supera un determinado umbral de patrimonio, una vez descontadas las deudas y la vivienda habitual.
Se trata de evitar el acceso a la ayuda de personas que puedan tener problemas coyunturales de liquidez, pero que cuenten con un considerable patrimonio inmobiliario.
En este sentido, se establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que aumenta en función del número de personas de la unidad de convivencia y parte de 16.614 euros de patrimonio neto para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros.
El IMV garantiza un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos que será compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que podrán complementar estos ingresos en la forma en que ellas lo consideren oportuno.
La ayuda está ligada a la puesta en marcha de estrategias para mejorar la inclusión vinculadas a la participación en el mercado de trabajo y al acceso a la formación, en tanto que incorporarán incentivos al empleo.
De esta forma, si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esos ingresos no computarán para el cálculo de la prestación.
Según ha explicado el vicepresidente, si alguien que está cobrando el IMV consigue ganar 100 euros más al mes, «no se le restarían 100 euros de la prestación, sino algo menos».
Los potenciales beneficiarios tendrán que solicitar el IMV preferentemente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social.
El Gobierno trabaja en la posibilidad de una solicitud multicanal, de forma que se pueda pedir la prestación no sólo a través de la Seguridad Social, sino también a través de los ayuntamientos o con la ayuda de las entidades del tercer sector.
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