El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado este viernes por el Gobierno, cubrirá la diferencia entre la renta existente en cada hogar (incluido salario y prestación por desempleo) y la renta garantizada para ese tipo de hogar, con un desembolso medio estimado de 4.400 euros anuales por familia beneficiada.
El coste anual previsto para esta nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social es de 3.000 millones de euros anuales, con los que se quiere llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.
El 16 % de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, con derecho a un complemento adicional de 100 euros al mes y de los que 9 de cada 10 están encabezados por una mujer.
En rueda de prensa, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha hecho hincapié en que «nace un nuevo derecho social en España», que supone «tomarse en serio de verdad el mandato constitucional», porque «no hay libertad si no se llega a final de mes».
Se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a las alrededor de 100.000 familias que ya están percibiendo una prestación por hijo a cargo.
Podrán pedir la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años que lleven al menos un año de residencia legal en España, pero también desde los 18 años o a partir de los 65 años si tienen menores a su cargo.
Iglesias ha explicado que la inclusión de las rentas salariales permite evitar la llamada «trampa de la pobreza», situación en la que alguien se ve obligado a elegir entre aceptar un empleo o mantener una prestación social.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que el IMV supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas.
También ha afirmado que el requisito de renta se basará en los datos de 2019, pero que se admitirá una declaración responsable de quienes hayan podido caer en situación de vulnerabilidad en 2020 por la crisis derivada del COVID-19 tras perder más del 50 % de sus ingresos.
Además de analizar las rentas, también se hará un test de riqueza para comprobar que no se supera un determinado umbral de patrimonio, una vez descontadas las deudas y la vivienda habitual, para evitar que se aprovechen de la ayuda quienes tengan por ejemplo un considerable patrimonio inmobiliario.
Se establece un límite de patrimonio para acceder a la prestación que parte de 16.614 euros de patrimonio neto para una persona que viva sola, hasta un máximo de 43.196 euros.
El IMV garantiza un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos que será compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que podrán complementar estos ingresos en la forma en que ellas lo consideren oportuno.
La ayuda está ligada a itinerarios para mejorar la inclusión, vinculados a la participación en el mercado de trabajo y al acceso a la formación, e incorporará incentivos al empleo.
De esta forma, si una persona que recibe esta prestación incrementa sus ingresos laborales, una parte de esos ingresos no computarán para el cálculo de la prestación.
Según ha explicado el vicepresidente, si alguien que está cobrando el IMV consigue ganar 100 euros más al mes, «no se le restarían 100 euros de la prestación, sino algo menos».
La proporción exacta queda al desarrollo reglamentario posterior, al igual que la concreción de los itinerarios de inclusión y las bonificaciones de las que se podrán beneficiar las empresas que contraten a beneficiarios del IMV, según han informado fuentes gubernamentales.
Las mismas fuentes han explicado que la revalorización del IMV quedará ligada a la subida de las pensiones de jubilación no contributivas, cuya cuantía es la misma que la renta mínima garantizada para un solo adulto (461,5 euros al mes).
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