Según informa Unidas Podemos en una nota de prensa, la petición se formula a través de una proposición no de ley y plantea que no computen para el techo de gasto los desembolsos destinados a paliar los efectos sanitarios o sociales de la pandemia de la COVID-19.
La proposición, firmada por el diputado de En Comú Podem Joan Mena, plantea además la eliminación de todas las trabas o condiciones para usar el superávit y que se pueda gastar el remanente sin condiciones.
La eliminación de la regla de gasto conllevaría una modificación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impide a los municipios que su gasto crezca por encima de la tasa de referencia del PIB, y obliga además a gastar el remanente en los denominados proyectos financieramente sostenibles.
El Pleno del Congreso ya instó al Gobierno en diciembre de 2017 a modificar esa norma a raíz de una iniciativa de Unidas Podemos que pedía cambiar los criterios de aplicación de la regla de gasto a los ayuntamientos saneados, una proposición de ley que salió adelante aunque con el rechazo del PP y Ciudadanos.
En esta ocasión, Unidas Podemos plantea modificar la Guía de Interpretación de la Regla de Gasto para que los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de la crisis no computen en el techo de gasto.
En concreto, pide que no se incluyan en las reglas de estabilidad los gastos de servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales.
El grupo parlamentario del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, subraya que solo una decidida política de inversión pública puede ayudar a contrarrestar los efectos de «la brutal crisis social» derivada de la pandemia.
La PNL plantea que, hasta que se logre cambiar en profundidad la ley en el Parlamento, se suspendan las normas coercitivas que se aplican ante el incumplimiento de las reglas fiscales a los ayuntamientos, que pueden llegar a ser intervenidos en el caso de incumplir la regla.
El grupo parlamentario recuerda además que la deuda de las corporaciones locales había descendido «en un 11% de media en el último año, algunas la han reducido a proporciones mínimas, incluso a cero, siendo además las administraciones públicas que más han aportado en la reducción del déficit público».
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