El Pleno del Congreso ha apoyado implantar este nuevo impuesto que grava con un 0,2 % las operaciones de acciones de empresas españolas con capitalización superior a los 1.000 millones de euros y que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no afectará ni al ahorro de las familias ni a las pymes.
PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, JxCAT, Compromís, Más País, EH Bildu o la Cup rechazarán con sus votos las tres enmiendas de devolución que coincidían en que la tasa debe armonizarse a nivel europeo y tiene un impacto recaudatorio bajo.
PP, VOX y Ciudadanos han aludido al coste de su implementación que será repercutido en el cliente y han incidido en que supone una subida de impuestos porque gravará las transacciones que también están vinculadas a los fondos de pensiones.
La mayoría de los partidos políticos ha rechazado las explicaciones de estas formaciones y ha señalado la urgencia de implantar este nuevo impuesto porque impulsa una fiscalidad equitativa.
No obstante, los diputados contrarios a los vetos han añadido que en el debate de enmiendas parciales modificarán algunos aspectos del proyecto de Ley para que no se perjudique a los fondos de pensiones o para gravar otros productos financieros más especulativos.
El PSOE, Unidas Podemos, ERC, Compromís han dicho que los partidos de «derecha y extrema derecha» argumentan que quieran bajar los impuestos pero solo a los ricos y ha criticado que no busquen unos impuestos justos.
El diputado socialista Antonio Hurtado ha acusado a VOX de ser «unos auténticos hijos de Trump…unos bárbaros por querer cargarse el estado de bienestar».
Por otra parte, durante la defensa de las enmiendas a la totalidad la diputada de Ciudadanos María del Carmen Martínez ha recordado a la ministra la baja recaudación obtenida con un impuesto similar en Francia o Suecia y ha puntualizado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se muestra en contra de crear esta tasa fuera del marco europeo.
Desde VOX, el diputado Rubén Manso ha dicho que se trata de un impuesto «ideológico, ahora que hay un elevado déficit» y ha pedido al Gobierno que «si no pone coste a la financiación de los bonos públicos tampoco lo debería poner al sector privado».
Miguel Castellón, del PP ha reiterado que la política debe ser bajar impuestos y «no dar un sablazo fiscal a la clase media española» ya que los costes operativos del impuesto recaerá sobre más de 3 millones de familias que tienen acciones en la bolsa.
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