Se trata de no profundizar en la crisis económica que ha dejado el coronavirus y que llevará a la economía a un retroceso de entre el 16 % y el 21,8 % en el segundo trimestre del año, según avanzó el Banco de España el 8 de junio y este miércoles ha vuelto a insistir el gobernador.
Hernández de Cos ha señalado que tras la fase de hibernación de la actividad, que en tan solo dos semanas hizo caer la economía el 5,2 % en los tres primeros meses del año, hay una segunda fase que ha desvelado daños estructurales que «están aquí para quedarse».
Para enfrentarlos y ante el riesgo de que los efectos adversos se mantengan en el tiempo, el gobernador ha abogado por seguir con los «mecanismos de flexibilidad para las empresas» y por ampliar las líneas de avales ICO que han dado buen resultado.
No obstante, ha incidido en que los recursos se deben reasignar a las empresas viables y a los sectores que pueden contribuir en mayor medida a la recuperación de la actividad y el empleo.
Ha abogado por revisar también la ley concursal ante las quiebras empresariales por insolvencia que se prevén en los próximos meses, con el fin de que las empresas con dificultades tengan acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad cuando aún son viables.
«Parece apropiado mantener durante un horizonte más amplio que el inicialmente previsto algunas de estas medidas de apoyo al empleo y a las rentas de los hogares más vulnerables», ha dicho, al tiempo que ha valorado que el nuevo ingreso mínimo vital vaya a reducir la pobreza extrema pero ha pedido un seguimiento riguroso del mismo.
Superada la fase de reactivación de la economía, el Banco de España incide en la necesidad de sanear las cuentas públicas a medio plazo y continuar con una agenda de reformas «ambiciosa» que reduzca el elevado déficit y la deuda pública.
Sin embargo añade que la consolidación fiscal sólo debería acometerse cuando el PIB crezca de forma sostenible, «una vez que se hayan disipado los efectos de la crisis, no antes» -apunta- con recortes anuales del déficit estructural del 0,5 % del PIB que permitirían situar la deuda por debajo del 100 % a finales de 2030.
Hernández de Cos advierte de que las reformas estructurales deben ser «en muchos casos disruptivas y no de pequeños ajustes aislados».
«Integral y basada en consensos amplios, para que pueda tener vocación de permanencia y resultar creíble», ha avisado a los políticos.
El gobernador ve positivo una revisión de la fiscalidad que busque aumentar la recaudación y reducir las deducciones y beneficios fiscales que provocan un tipo efectivo medio más bajo que el de los países del entorno.
En este sentido, ve margen en el IVA más bajo y aboga por revisar los bienes que están gravados con los tipos reducido y superreducido.
«Este es un elemento de interés a tener en cuenta en el debate», dice, tras señalar que sería conveniente tener en cuenta las recomendaciones que haga en este sentido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
En cuanto a los nuevos impuestos financiero y digital ha señalado que su efecto recaudatorio dependerá de su implementación a escala internacional, al igual que futuros impuestos medioambientales o sobre grandes multinacionales.
Hernández de Cos ha avisado en varias ocasiones de que «la inacción juega en la contra» y ha insistido en que este año se verán «los retrocesos del PIB más abultados que se hayan registrado en tiempos de paz».
Por otra parte, también ha pedido que las medidas que se implementen no endurezcan el crédito, toda vez que la pandemia provocará un deterioro de los balances de las entidades financieras y un aumento de la morosidad que presionará aún más la rentabilidad del sector.
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