Así, por un lado, los beneficiarios de la prestación extraordinaria existente hasta ahora, 1,4 millones al cierre de mayo, podrán solicitar la ordinaria por cese de actividad, siempre que acrediten una reducción de la facturación del 75 % en el trimestre de verano -de julio a septiembre- frente al mismo periodo del año anterior.
Para ello, han explicado desde la Seguridad Social, no necesitarán esperar a que termine el trimestre sino que pueden solicitar la prestación ordinaria cuando estimen que cumplen los requisitos y acreditarlos documentalmente una vez finalice el trimestre.
También se incluye una prórroga de la exención de las cuotas para los autónomos que vinieran percibiendo esa prestación extraordinaria: no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50 % en agosto y del 25 % en septiembre.
Junto a esto, se reconocerá una prestación para los autónomos estacionales o de temporada, que se habían quedado fuera de la anterior al no estar dados de alta en la Seguridad Social cuando se decretó el estado de alarma.
En el acto del acuerdo de las medidas, que podrían aprobarse en el consejo extraordinario de mañana, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha considerado que supone un paso fundamental «en la protección de los autónomos que peor lo están pasando», necesario para todos ellos pero también «para la confianza del país».
Así, ha subrayado que este el pacto servirá para proteger a ese 10 % de los autónomos que no han podido iniciar su actividad por riesgos sanitarios, así como a los que han visto reducida su facturación.
El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha resaltado el «balón de oxígeno» que representa esta nueva protección que llegará en los próximos meses «a los autónomos que peor están», en concreto, a los de temporada, para quienes servirá para «revertir la absoluta indigencia económica que estaban pasando».
Por su parte, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha considerado el acuerdo «un magnífico punto de partida», y ha confiado en seguir negociando porque tiene puntos «manifiestamente mejorables».
La prestación extraordinaria se aprobó tras la declaración del estado de alarma por la pandemia del COVID-19 y tiene acceso a ella cualquier autónomo que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación caiga en el mes un 75 % respecto a la media mensual del semestre anterior.
La cuantía asciende al 70 % de la base reguladora (unos 661 euros en el caso de los que cotizan por la base mínima) y estaba vigente hasta el último día del mes en que terminará el estado de alarma, es decir, hasta el próximo martes 30.
Más de 1,4 millones de autónomos cobraron a finales de mayo esta prestación, según datos de la Seguridad Social, que también detalla que desde su puesta en marcha se han destinado 2.500 millones de euros.
Los sectores con más beneficiarios de la prestación ha sido comercio (351.627), hostelería (261.336), y construcción (152.646) con más de la mitad de las solicitudes concedidas.
Por comunidades, las que ha tenido mayor número de receptores han sido Andalucía (253.244), Cataluña (233.582), Madrid (179.425) y Comunidad Valenciana (160.636).
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