Cuatro meses después de anunciar en el Congreso que registraría antes del verano la iniciativa legislativa que permitiría el control de precios, Ábalos ya no incluye esta medida entre las que conforman su política de vivienda y en su entorno explican que abordarán ese asunto después de ver cómo queda el mercado.
«El mercado está cambiando y hay que ver qué está sucediendo antes de tomar decisiones», señalan fuentes del ministerio, donde recuerdan que el compromiso que tienen al respecto con Unidas Podemos es «de legislatura» y que «cualquier cambio debe ser consensuado con los agentes políticos y sociales».
El índice de precios de alquiler, que ya se puede consultar en la web del Mitma (https://www.mitma.gob.es/vivienda/alquiler), no incluye de momento datos del País Vasco y Navarra por su régimen foral, aunque se incorporarán «lo ante posible».
Nutrido por 11,2 millones de datos de arrendamientos de los últimos cuatro años (2015-2018), su principal fuente es la Agencia Tributaria, aunque también la Dirección General del Catastro, el INE, el Banco de España, el Colegio de Registradores y el departamento económico del Ministerio de Presidencia.
El sistema ofrece información anual (a final de este año se actualizará con los datos de 2019) sobre los precios de 33.662 secciones censales, 9.842 distritos censales, 7.593 municipios, 46 provincias y 15 comunidades autónomas, correspondientes a las tipologías de vivienda colectiva y unifamiliar, por número de testigos (viviendas), renta mensual media del arrendamiento (precio del metro cuadrado al mes), cuantía mensual media del arrendamiento y superficie media del arrendamiento.
Su objetivo -ha dicho Ábalos- no es enmendar la información que ofrecen los portales inmobiliarios, sino ofrecer una herramienta de estadística estatal para que particulares y agentes puedan operar en el mercado.
Mientras que los portales reflejan los precios de oferta, el índice del Mitma recoge los de los contratos reales.
Según Ábalos, será un «instrumento muy útil a la hora de tomar decisiones en el ámbito de lo público», ya que permitirá a las administraciones «tener un conocimiento más preciso del mercado del alquiler y reducir el margen de error en las decisiones políticas que tomen»
También será valioso -ha apuntado- para «pedir cuentas de las decisiones que se vayan tomando, y hay muchas decisiones que tomar», ha recalcado.
El 24 % de los hogares españoles residen en régimen de alquiler y de ellos el 38 % destina más del 40 % de sus ingresos al pago de la renta, mientras que en el lado de la oferta, el 95 % son pequeños propietarios, con una o dos viviendas.
Tras recordar que en los últimos años los precios han experimentado una subida «muy importante» en zonas tensionadas, el ministro ha subrayado que la crisis de la covid obliga a estar «muy vigilantes» del mercado, sobre todo en lo que concierne al colectivo de jóvenes.
«Este índice ayudará a acertar en la toma de decisiones y de políticas fiscales que incrementen la oferta», ha apuntado, si bien ha incidido en es una medida más dentro de un paquete que incluye un plan rehabilitación, un plan de acceso a la vivienda, el plan de 20.000 viviendas en alquiler asequible y una ley de arquitectura y entorno constructivo cuyo trámite de consulta pública se inicia este jueves.
Aunque Ábalos mantiene su compromiso de presentar una ley estatal de vivienda, en su entorno creen que como pronto el anteproyecto estaría listo a final de año y aseguran que «no está tomada» la decisión de incluir en ella el mecanismo que permitiría a ayuntamientos y comunidades limitar los precios del alquiler, ya que eso también podría articularse a través de una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
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